La orden de rendición incondicional exigida a Salvador Allende por los destacamentos golpistas en la mañana del 11 de septiembre de 1973 inscribió la historia de nuestro país en lo que Enzo Traverso (2019) ha llamado la violencia global1, una forma de dominación basada en el exterminio del opositor. Desde el golpe de estado se instalaron formas de guerra total (matanzas industriales) a micro escala territorial, utilizando las tecnologías para la deshumanización junto con una reactualización de formas modernas de monopolio estatal de las armas, de racionalidad productiva empresarial, de división del trabajo, el control de las pulsiones y la neutralización social de las normas éticas para instalar sin contrapeso el neoliberalismo.

La destitución del gobierno de Salvador Allende a través del Golpe de Estado de 1973 y el despliegue de la Dictadura Cívico Militar (1973-1990) puso fin a un ciclo de debates desarrollistas construidos por el liberalismo democrático de la primera mitad del siglo XX en Chile. La alianza entre el régimen pinochetista y los defensores del proyecto neoliberal destruyó la institucionalidad republicana, desmovilizando mediante crímenes masivos al movimiento popular para implantar un proyecto global de los grupos económicos orientado a optimizar la reproducción ampliada del capital y cooptar a las clases subalternas (Corvalán, 2018). Una ingeniería social fundada en la violencia de estado y en la excepcionalidad permanente cortó el tiempo republicano del siglo XX. Mediante una contracción y reversa histórica se desplegó un estado de seguridad nacional para restituir el orden oligárquico2 del pasado como un nuevo futuro, en la llamada “democracia protegida”, fundada en la constitución de 1980 y en un sistema neoliberal que se proyectó mediante “la política de los acuerdos” entre el empresariado, el pinochetismo y la transnacionalización del capital (González y Rubio, 2022).

Esta tensión argumental del origen y definición de la democracia restituida presente en los términos ‘democracia semisoberana’ (Huneeus, 2014) y “democracia incompleta” (Garretón & Garretón, 2010) conforma un conjunto de nudos históricos anclados al pasado reciente chileno que lo sitúan como un periodo necesario de abordar como pasado utilizable pero que emerge de modo, difuso y riesgoso. Un pasado presente que la revuelta de octubre de 2019 ha comenzado a resquebrajar en medio de una crisis de régimen3.

El recurso de la memoria tan nítido en las sociedades actuales para recuperar pasados en razón de una experiencia de obsolencia derivada de la aceleración temporal por efecto de la globalización y como una proyección del paradigma del holocausto (Huyssen, 2001), comporta en nuestro caso complejas tramas económicas, culturales sociales y políticas asociadas a la dominación impuesta y los efectos de las dislocaciones temporales ejercidas por las políticas de deshumanización y segregación económica dictatorial. La historia reciente chilena se constituye como un pasado de catástrofe, de contemporaneidad (Rousso, 2018) y traumático, amarrado ineludiblemente al presente neoliberal en el Chile postdictatorial. Un pasado lleno de cercos impuestos por los silencios acordados entre los poderes fácticos, los déficits de justicia y, las políticas de memoria y de educación centradas en el orden y el estado y, distantes de memorializaciones activas.

En medio de la densidad de los fenómenos experimentados y sus contradicciones materiales y discursivas en las que se implican, la pérdida, el daño social, las desigualdades, las expectativas de futuros frustradas y la emergencia de nuevos presentes proyectados como futuros, se despliegan diversas memorias que disputan el recuerdo de dicho pasado y la organización del presente. Estas controversias memoriales han nutrido el debate público de referentes identitarios, políticos, juicios éticos e históricos con diversos propósitos como: cerrar el pasado y reproducir el presente, reivindicar proyectos políticos basados en derechos e igualdades y sustentar en algunos casos, nuevas demandas sociales que reconocen los derechos humanos como sustento de la democracia. Hablan también, en su forma más compleja de un pasado reciente transferido con vacíos y silencios que es procesado entre los jóvenes en narrativas fragmentarias, románticas y presentistas, derivadas de haber recibido la carga de una historia no vivida y encubierta que ha definido sus vidas (Rubio y González, 2022).

Observamos dos grandes marcos del recuerdo, las políticas de la memoria desarrolladas por los gobiernos que han utilizado una narrativa hegemónica maestra de guerra fría creada en el año 20034. Esa narrativa explica el llamado “quiebre democrático de 1973” como un hecho derivado de la polarización internacional en el marco del mundo bipolar, que absorbe dos memorias promovidas por la opinión pública conservadora. Una, que considera la violencia como constitutiva natural de la sociedad y que emerge inevitablemente en momentos de crisis. Y otra, que explica el gobierno de la Unidad Popular como el momento culmine de una decadencia histórica del estado republicano asociada a su progresiva apertura a los derechos sociales durante el siglo XX5. Todas estas narrativas de memoria se caracterizan por estar centradas en el estado, sustentar explicaciones en fuerzas históricas superiores a las decisiones políticas y promover la defensa de la clase política y la democracia establecida desde 1990.

También, se ha desplegado una narrativa de memoria ciudadana cada vez más amplia conformada por movimientos memoriales de víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares, herederos y diversos movimientos. Quienes mediante distintas estrategias de memorialización (rituales, representaciones teatrales, testimonios escritos, archivos de la represión territorial, mapeos de políticas de exterminio y formas de educación en sitios), junto a un campo de memoria de los derechos humanos (Stern, 2013), recuperan agentes sociales y experiencias testimoniales de militancias en la Unidad Popular y vida cotidiana dictatorial. Relevan a defensores de derechos, cuestionan las narrativas hegemónicas, discuten sobre los sustentos éticos del régimen y evidencian su proyección en la postdictadura.

La relación entre estas dos formas de elaborar el recuerdo del pasado reciente chileno acompaña los debates políticos. En tiempos de memoria copan la agenda pública, nutren de manera continua investigaciones del campo de memoria y la historiografía y sitúan discusiones sociales sobre la violencia política, las izquierdas, los movimientos de defensores de derechos, las resistencias de mujeres y jóvenes, etc. Desplegando una historia y memoria pública como un proceso permanente y variable6 que acompaña todo el ciclo postdictatorial. Activa la memoria como un recurso que revisa las posibilidades de uso que ofrece el pasado reciente para pensar la política. Como fenómeno que trasciende las funciones conmemorativas, las memorias han abierto cuestionamientos ético-políticos al orden vigente y, otras formas de comprender la historia del presente en relación con su pasado de origen y otros pasados.

A nuestro entender las narrativas hegemónicas promovidas por las políticas de memoria y las memorializaciones ciudadanas emergentes cruzan la historia del periodo 1990-2022, se conforman acoplando diversos registros de memoria de acuerdo a sus disputas e intereses y comparten una relación que va articulando cada vez más explícitamente la memoria y los distintos usos de los derechos humanos como recursos de reflexión y de análisis político en el espacio público.

En cuanto al desarrollo de estas dos grandes narrativas si bien observamos continuidades de sentido entre ambas en relación a integrar aspectos del pasado reciente en la discusión pública desde la necesidad de verdad y justicia, podemos reconocer dos periodos. Uno en que el pasado de la Unidad Popular y de la dictadura cívico-militar regresa al presente 1990-2010, no sin tensiones, como demanda de justicia de una ciudadanía histórica que resiste al olvido de las políticas de exterminio, de los proyectos sociales y a su negación como sujeto político y otro, entre 2010-2022, en que el presente regresa al pasado para enunciar la continuidad entre la dictadura y los llamados procesos transicionales de la mano de una ciudadanía que procura develar las tramas del poder y las crisis en la postdictadura. El ciclo se cierra con el proceso constituyente (2022) en el cual se enfrentaron defensores del orden establecido y quienes pretendían transformarlo removiendo nuevamente el pasado reciente. El resultado de este proceso marcó una derrota de los sectores que buscaban la transformación, prolongando aún la crisis del régimen postdictatorial.

Los gobiernos de la Concertación desde 1990 fundaron su gobernabilidad en un distanciamiento regulado del pasado y una apuesta al futuro modernizador como fuente de cohesión y sustentabilidad democrática. Junto con ello, las políticas de la memoria debían definir el fondo de experiencia común del pasado a recordar y articularlo con la política contingente. El proceso evidenció tensiones relacionadas con la concepción de la violación de los derechos humanos, el futuro democrático proyectado, el propósito de lograr el crecimiento con equidad, y la oposición de la derecha y el pinochetismo a juzgar las violaciones de derechos y dar curso a las demandas de las víctimas, en el marco de las políticas de justicia transicional. La coalición apostó a una consolidación de la democracia confiando que la dinámica del “juego político” abriría el campo de maniobra, mediante la circunscripción de “lo posible” en el marco de acuerdos amplios (Lechner, 2002). No obstante, el pasado vivo continuó amarrado al presente por las inequidades del sistema económico, “la política de acuerdos”, la presencia de Pinochet en la comandancia del ejército y luego como senador vitalicio, que abriría un pasado presente continuo, hasta su detención (1973-1998), la escasa representatividad del sistema político y la justicia adeudada a las víctimas (Rubio, 2014).

Las políticas de memoria desarrolladas por el gobierno de Aylwin enmarcadas en un ciclo de “erráticas irrupciones de memoria” (Wilde, 2014) se deben a nuestro entender, al contexto complejo de la transición y a los marcos políticos del gobernante. Estos últimos fueron convergentes con las visiones oligarcas y pinochetistas, circunscribieron las posibilidades de memoria a un principio pragmático negociador, la verdad en la medida de lo posible y, a categorías hispanistas cristianas como el perdón y la reconciliación. El potencial de activar recuerdo sobre las políticas de deshumanización implementadas por la dictadura quedaba subsumido en una suerte de cohesión comunitaria religiosa que, gracias a una verdad declarada, se restituía a sí misma por el perdón, que el mandatario sería el primero en ofrecer (1991).

Estos principios quedarían plasmados en el Informe de Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) que centraba su relato histórico en el contexto anterior al golpe (1965-1973), endosaba la causalidad de la violencia a los movimientos sociales y reducía la dictadura (1973-1990) a un conjunto de bandos militares, liberando a los perpetradores mediante el silencio de sus nombres16. Evidenciaba la desaparición de personas como una historia sin ejecutores, sin acciones e intenciones explícitas que permitieran comprender la trama del exterminio de ciudadanos, en particular de mujeres, marxistas y analfabetos17. A ello se agregan los rasgos metafísicos de su narrativa y la defensa de una verdad innombrada que debía ser aceptada como mandato superior18. Definiendo a los ciudadanos como creaturas de Dios (sic), desplegó la memoria hegemónica de inevitabilidad de la violencia y del caos político institucional (decadencia del estado republicano), responsabilizando a la Unidad Popular de la crisis. Estas últimas narrativas formaban parte de configuraciones historiográficas conservadoras consolidadas durante el siglo XX que fueron reeditadas con fuerza en el ciclo dictatorial y fueron eclipsadas en la década del año 2000 por los procesos de justicia abiertos y los actos de conmemoración de los 30 años del golpe militar el año 2003.

El informe presentaba un pasado como un tiempo de causalidades históricas inevitables defendidas por los sectores pinochetistas en el cual se inscribía una verdad: confirmar la muerte y desaparición forzada de más de 2000 chilenos y dar claves sobre su “paradero” para luego recomendar políticas de reparación. Este recuerdo se distanciaba de las memorias vivas de las víctimas que demandaban justicia. Se pretendía restituir la paz social a través de una reconciliación impuesta mediada por el perdón. Estrategia a todas luces limitada dado que, No hay cuerpos19.

Ante ello, los movimientos de familiares de las víctimas resistirían en el lema, “ni perdón ni olvido” como demanda de justicia y memoria activa. En dicho contexto, la aproximación predominantemente oligárquica (1990-2004)20 de los defensores de la dictadura ante la demanda de justicia de las víctimas, rechazaba los derechos humanos como referente jurídico político, negaba las violaciones y justificaba el terrorismo de estado como un modo de “castigo” a la izquierda que debía pedir perdón por haber transgredido “el orden” en la Unidad Popular y, haber sido los causantes de la crisis histórica. Esta visión se acopló con la opción concertacionista de adoptar una visión de los derechos humanos como límite al poder (Flischfisch, 1983) que se consideraba permitiría estabilizar la transición basada en la institucionalidad y no en los agentes sociales21.

 El gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), la conmemoración de los treinta años del golpe de estado (2003) y el mandato de Michelle Bachelet (2006-2010) dieron paso al llamado “tiempo de memoria” (Wilde, 2014). La detención de Pinochet en Londres (1998) abrió un nuevo proceso de discusión sobre el pasado reciente, la ausencia de justicia y sobre la reconstitución de la ciudadanía dañada. Desde el derecho internacional y el ejercicio de la imprescriptibilidad de los derechos humanos diversos movimientos cuestionaron la densidad democrática e interpelaron al estado nación chileno para hacer justicia ante el pasado y el presente, en un contexto en que los derechos humanos se consolidaban como referente jurídico político transversal integrando también nuevos reconocimientos. En el contexto local, la cuestionada estrategia de la carta de perdón de Pinochet elaborada por el círculo de la Unión Demócrata Independiente (UDI)22 para aglutinar fuerzas y de la fallida mesa de diálogo (1999) que había convocado a organizaciones de derechos humanos y representantes de las fuerzas armadas para aportar información sobre los ejecutados y desaparecidos políticos, fueron desplazadas por el regreso del dictador a Chile el año 2000.

 El retorno de Pinochet activó demandas contra él y los perpetradores23, acrecentando la deslegitimación de la derecha que comenzaría a distanciarse lentamente de su figura24. Por ello adelantándose a la propuesta del gobierno de Lagos, este sector político elaboraría una nueva forma de perdón fusionando las claves políticas oligárquicas ya señaladas con principios neoliberales proponiendo un Perdón personal a cambio de dinero. Así, en junio de 2003 la UDI ofreció una reparación monetaria a los familiares de los desaparecidos, con la condición de cerrar definitivamente los procesos de investigación y justicia25. Un acto individual y voluntario a cambio del cierre judicial de los procesos, daría paso a una reparación económica y al perdón. Desde una visión economicista de la ciudadanía se relegaba su derecho de justicia a una relación contractual entre privados, desplazando el ejercicio de los derechos humanos de un plano universal a una esfera de decisión privada. Confundiendo víctima con allegado, extrapoló el perdón como forma espuria de la justicia. La propuesta fue criticada por gran parte de la clase política y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) quienes afirmaron:

“¿Cómo se puede pensar que, recibiendo una cantidad de dinero, cierro el dolor, la herida y me olvido de mi hermano desaparecido? Es algo imposible. ¿Qué molesta más: ¿la propuesta en sí, o que surja de la UDI? “La propuesta, que es una inmoralidad. Pero que además provenga de la derecha más recalcitrante, más comprometida con la violación a los DDHH, resulta un agravio, una agresión más, es agregarle más dolor al dolor”. “[…] Lo concreto es que la UDI, a partir de un hecho traumático para la vida de los familiares de DD mal utilizándolo, lanzan esto. Ahí es donde está la perversidad de la propuesta. Lo que dicen es que con esto cierren los juicios a la persona se le entrega un certificado de defunción; o sea, la muerte presunta, la misma que trató de imponer Pinochet y no lo logró. Así termina la figura del secuestro permanente y, por lo tanto, los juicios quedan en nada” (Carta de la AFDD, 2003: 36).

La estrategia ha sido poco recordada. En cierta forma fue opacada por las memorializaciones activas de los partidos y de la sociedad civil quienes en el marco de la conmemoración de los 30 años del golpe de estado en el año 2003, desplegaron en diversos medios, memorias que reivindicaron a Salvador Allende como líder histórico del imaginario social republicano, memorias partidistas y de experiencias vitales que recuperaron tanto la historia de la ciudadanía como de los partidos congregados en torno a una memoria del quiebre republicano (Stern, 1999).

A través del Programa “No hay mañana sin ayer” (2003), Lagos desplegaría un conjunto de políticas de memoria y de reparación, incluida la declaración del “Nunca Más” del ejército (2003), orientadas a restituir el estado republicano integrando el pasado reciente en continuidad con el presente democrático del “nuevo gobierno socialista”26. Entre estas, el Informe de la Tortura y la prisión ilegítima, (Informe Valech, 2004) y su narrativa histórica, sería su piedra angular. El informe introdujo las políticas de deshumanización mediante el testimonio y la huella del cuerpo. Centró su relato histórico en la experiencia de la violación de los derechos humanos durante la dictadura y validó el testimonio como un medio de acceso individual y colectivo al pasado que sustituyó la verdad abstracta por una experiencia social compartida por las víctimas que aún estaban vivas. Establecía un trayecto histórico de la política de terrorismo de estado a lo largo del país, reconociendo ciclos de las políticas terroristas estatales, caracterizando los espacios y los tipos de prisión ilegitima y de tortura como formas de violación de derechos perpetradas por el estado y sus agentes, aplicadas a los jóvenes de los años 70 y 80. El recuerdo se redimensionaría integrando a la ciudadanía en una discusión pública transversal sobre la responsabilidad moral de la sociedad ante la memoria del dolor y del quiebre del cuerpo personal y político. Sin embargo, esta apertura no se integraría en un recuerdo del pasado reciente sustentado en un marco explicativo basado en derechos y abierto a reflexiones ético-políticas. Estas memorias testimoniales se subsumieron en una nueva memoria hegemónica, la de la guerra fría que desplazaría la explicación desde las fuerzas inmanejables de la historia presentes en las narrativas asociadas al Informe Rettig (1991), hacia la disputa ideológica derivada de un contexto externo (no a razones históricas propias de nuestra sociedad), en el marco del mundo bipolar.

Estas narrativas fueron desplegadas en diversos eventos promovidos por el gobierno y la clase política. En el seminario organizado por el ejercido de Chile, “Ejército y Derechos Humanos: Compromiso para el siglo XXI” (2004), líderes de izquierda y de derecha contribuyeron a reafirmar que la guerra fría entendida como parte de una “lógica del siglo” se había transferido a las dinámicas internas del país potenciando, con ello, el poder de las ideologías. El líder del Partido Socialista Ricardo Núñez afirmó:

“La guerra fría se instaló en casa como el último disparo de la contienda mundial. Nos marcó a fuego y en medio de la historia patria se estremeció de manera dramática con los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, en medio de este proceso histórico, ¿qué papel jugaron las ideologías? ¿Cuáles fueron las motivaciones últimas que animaron a los actores de ese periodo? Debemos tener presente que todas las acciones emprendidas por los países e imperios existentes en esa época se recubrieron de justificaciones ideológicas o exhibieron sus pretensiones hegemónicas a partir de consideraciones ideales.” (Núñez, 2004: 536).

Por su parte, el líder de la derecha Andrés Allamand señaló:

“Las ideologías que se apartaron, despreciaron o aspiraron a sustituir la democracia tienen en común dos rasgos: el desprecio por el derecho y la apelación a la fuerza; quizás un tercero: La utopía de creer que la fuerza separada del derecho es controlable […] si el país vuelve a ignorar los hechos que generaron el horror siempre quedará expuesto a repetirlos […] El horror no apareció de la noche a la mañana. Se fue gestando a la par del socavamiento de la democracia chilena, de la validación de la violencia política, del irresponsable entusiasmo revolucionario por la vía armada, de la alimentación sistemática del odio de clases, del pesado influjo de la guerra fría, en fin, de la “borrachera ideológica” que asesinó la tolerancia entre nosotros” (Allamand, 2005: 44).

El informe mantenía un régimen de continuidad de una visión estructurante de la historia reciente (1970-1990) caracterizada por la naturalización de la violencia, entendida como una fuerza incontenible que nos habría conducido a una guerra civil (Lechner y Güell, 2006), ahora regida por fuerzas externas a la política local. Esta narrativa hegemónica promovida por los dispositivos de memoria y de reparación se proyectó como recuerdo oficial habilitante para la elaboración del “Nunca Más” del Ejército (2003) y para blanquear sin éxito a la institución, dada la posterior denuncia de la participación de su general gestor como cómplice en las violaciones de derechos humanos27. También, fue promovida con la apertura del Museo de la Memoria y de los derechos humanos (2010)28 en la narrativa de su muestra permanente y, con múltiples vacíos, en los ajustes curriculares para su enseñanza en la escuela.

Si bien, los derechos humanos fueron ejercidos con límites ante los tribunales y el gobierno de Bachelet convocó a una segunda comisión de verdad (2010), el déficit de esta narrativa unida a su lenta integración en los discursos oficiales y las tensiones agudizadas por las políticas represivas en el conflicto mapuche, entre otras, no contribuyeron a consolidar los derechos humanos en la memoria oficial y, como un sustento de la democracia, que trascendiera a la visión inicial establecida en los años 90 que los había entendido como límite al poder.

Este vacío fue llenado por iniciativas neoconservadoras de tinte aparente liberal (2003-2004), que volvieron a responsabilizar a la izquierda del quiebre democrático en el pasado reciente. Argumentando la condición de “naturaleza frágil” de la Comunidad Política, como lo demostró la crisis política de 1973, se asimilaron los derechos humanos a los derechos individuales. Sosteniendo que existía una responsabilidad que operaba como conciencia individual que “se asume” y otra, que “se exige” (por otros). Así, la decisión de las víctimas de optar por la justicia ante las violaciones de Lesa Humanidad, provocaría como efecto, una nueva crisis de la Comunidad Política. Se volvía a defender una forma omnímoda (colonial) aplicada ahora a la libertad, que no obligaba a los perpetradores a asumir su responsabilidad.

“(…) la responsabilidad que se exige es un concepto jurídico, supone que alguien ha sido dañado y tiene derecho a reclamar de su agresor una reparación. Pero la noción trasladada al campo político, es del todo inoperante para avanzar en la reconciliación. La responsabilidad como exigencia es la médula del círculo vicioso en que nos encontramos. Los adversarios del régimen militar demandan que todos quienes participaron en éste se reconozcan responsables por lo ocurrido en materia de DDHH. A su vez los partidarios del gobierno militar responden que quienes deben asumir su responsabilidad son aquellos que provocaron las condiciones en las cuales se produjeron las violaciones a los DDHH. La respuesta no tarda un segundo: quienes sembraron los vientos no pueden quejarse de las tempestades. ¡Esa argumentación no lleva a ninguna parte!” (Allamand, 2005: 44).

En suma, estas narrativas de memoria y política29 han redundado en que los derechos humanos sean cuestionados permanentemente y sus agentes defensores organizados en comunidades, redes de sitios y memoriales hayan experimentado desde el año 2017 vandalizaciones dirigidas por políticas fascistas orientadas a destruir las prácticas de memorialización. La creación de sitios y memoriales fue promovida por los gobiernos de Lagos y Bachelet abriendo un nuevo espacio de memorialización activa que se proyectó con más fuerza en el periodo siguiente. Está centrada en las memorias del pasado reciente de militantes, de víctimas y de la sociedad, se caracterizan por operar en condiciones de desigualdad, desprovistas de un cuerpo legal que les financie, por desplegar un dinamismo argumental, científico-vivencial y estético dirigido a toda la sociedad y promover relaciones entre el pasado dictatorial y el presente postdictatorial.

El período se ha caracterizado por la llegada al poder del primer gobierno de derecha en la postdictadura, a cargo de Sebastián Piñera (2010-2014), el retorno fallido de Bachelet (2014-2018), y del piñerismo (2019-2021), este último, en medio de la crisis de régimen desatada en el año 2019.

Los signos de crisis de argumento ya se habían enunciado en la conmemoración de los 40 años del golpe de estado en el año 2013. Si bien, persistieron los marcos explicativos de las políticas de la memoria, ordenados en la narrativa de la guerra fría, el ejercicio de la memoria se activaría a partir de tres ejes en el debate público: la discusión del contexto dictatorial como causa del presente ejercida por los movimientos de derechos humanos y los emergentes en el período 2011-201330; la representación de la verdad de la Política de Campo31. A diferencia del ciclo anterior, estos acontecimientos fueron socializados a través de documentales testimoniales televisados, series de TV, seminarios académicos. Exponiendo las experiencias de horror se narraron las políticas de terrorismo de estado como una historia acontecida a escala humana32. Y, por último, se hizo referencia al pasado reciente como sustento ético y condición de legitimidad de la acción política en el presente. Perspectiva que tuvo su hecho más significativo en la renuncia forzada ya comentada de la Dirección del Servicio Electoral del General del Ejército Juan Emilio Cheyre. La demanda pública de su salida y enjuiciamiento mostró la crisis y declive de la política de acuerdos entre la clase política y los estamentos militares33.

Estos tres ejes abrieron una nueva discusión sobre el carácter del perdón y de la implicación de los llamados cómplices pasivos – colaboradores (Elster, 2006) – en la violación de derechos humanos. El termino introducido por Piñera sintetizó una crítica a la calidad de la democracia conformada en la transición y la crisis de la esfera pública postransicional, evidenciando que la violación de los derechos humanos había dejado de ser al menos, hasta ese momento, un asunto propio de las víctimas, para convertirse en sustento de una demanda social que interpelaba a la clase política sobre su congruencia ética y política. El recurso al perdón volvió a activarse para abordar los hechos del pasado reciente, manteniendo las continuidades del período 2003-2004. Fue solicitado por un variado (aunque no extenso) espectro político, compuesto por parte de la derecha pinochetista y algunos representantes de la izquierda. Su solicitud expresó nuevamente su vacío, evidenciando confusiones éticas y políticas sobre quien debe pedir perdón y a quien dirigirlo: “Asumir las culpas, propias e institucionales, y pedir perdón, es cosa ardua. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque nos impide olvidar. La experiencia del siglo XX demuestra que lo único que puede ayudar a garantizar el ‘nunca más’ es que el pasado siga vivo en el presente” (Micco, 2013).

Las organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos mantuvieron su posición ciudadana de no confundir o conmutar el perdón con la justicia. Dada su experiencia: “el perdón no significa impunidad, las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quienes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes” (AFDD, 2013).

Asimismo, la dirigenta Lorena Pizarro, afirmó: “(…) este es un país que no se ha tragado la historia que se ha dicho por años y que este no es un tema del pasado, la verdad, la justicia y la memoria son fundamentales para construir un país que se mire a la cara, no con criminales, no con la impunidad, hay que mirarse a la cara para construir un país que ponga en el centro el respeto y la defensa de los derechos humanos”.

Hubo también reflexiones que distantes de los preceptos morales y religiosos sobre el perdón que caracterizaron el período 1990-2003, cuestionaron abiertamente el nivel pragmático de su uso y desmantelaron su carácter imperativo para la reconciliación, la aceptación de lo sucedido y también del funcionamiento de la democracia:

“Quiero decir: no se trata del perdón de Dios. Ni del perdón civil ante la trasgresión a una ley. Ni del solicitado de persona a persona, pues la política no es práctica personal sino colectiva. ¿De cuál perdón estamos hablando? O lo que es lo mismo: ¿Es la política el lugar más adecuado para solicitar perdón? ¿O será que cuando pedimos perdón en la política estamos pidiendo perdón por algo que no tiene nada que ver ni con la idea del perdón ni con la idea de la política?” (Mires, 2013).

 Introduciendo la política como referente para situar el perdón se afirmó:

“¿O es que nadie en la política o en la historia, como dicen los dementes te absolverá? Por supuesto, la absolución también existe en la política cuando existe de verdad arrepentimiento. Pero hay que dejar claro que ese arrepentimiento solo puede ser mostrado en la política no con peticiones públicas de perdón. La razón: la política es antes que nada un lugar de acción. Dicho así: La naturaleza de la política es la acción política. La meditación y el pensamiento solo adquieren sentido en la política cuando se traducen en acciones políticas. Por lo tanto, pedir perdón en la política sin acciones que precedan o que continúen a esa petición es un acto banal o inútil. Reitero: una coartada. ¿De qué nos sirve la petición de perdón de un político chileno si continúa afiliado a un partido cuya mayoría considera que el golpe de Estado de 1973 fue una acción legítima? ¿Quién puede creer en el perdón solicitado por un político de izquierda si continúa siendo miembro de un partido que calla frente a los crímenes que cometen dictadores de “izquierda”? El perdón en la política tiene otro nombre: se llama rectificación. Rectificar es, además, una propiedad del pensar. Un político que actúe sin pensar es una desgracia en la política, tanto como uno que piensa sin actuar. Solicitar perdón en la política sin haber rectificado políticamente es un acto imperdonable, tan imperdonable como el creyente que pide perdón a Dios sin haberse arrepentido de los actos que lo llevan a pedir perdón. A la inversa, si ha habido rectificación en la política, no será necesario pedir perdón a nadie. No sé quiénes son peores: los que incapaces de rectificar no necesitan pedir perdón pues la culpa siempre será de los “otros” y jamás de los “nos-otros”, o quienes piden perdón como un mero sustituto de una rectificación que nunca han realizado” (Mires, 2013).

El trasfondo de la discusión introducía la reflexión sobre el pasado reciente como un sustento de la consistencia ética demandada a las clases gobernantes. El termino cómplices pasivos, que aludió a quienes no participaron directamente en los hechos de violación de derechos humanos, pero que pudieron haber actuado para evitarlos, vino a profundizar la crisis al interior de la coalición de gobierno y fue rechazado por la derecha pinochetista y miembros del propio partido del gobernante. Abriendo un cuestionamiento ético más profundo hacia los profesionales que, dada su función social (periodistas, medios de prensa y jueces), pudieron haber evitado la instalación de la política de campo por vía comunicacional y legal, más no lo hicieron:

“Lo que el Presidente hizo fue mostrar que lo que estaba entrelazado históricamente (las modernizaciones y las violaciones a los derechos humanos) no tenían por qué atarse conceptual o políticamente (salvo que, como les ocurre a algunos, estén unidas a su propia biografía). El gesto del Presidente, además de su innegable efecto moral, tiene un obvio sentido político: traza una línea clara y firme entre una derecha que condena el golpe y las consecuencias que le siguieron y otra que, por razones generacionales e ideológicas, se niega a hacerlo. Es como si el presidente hubiera, de pronto, dicho: hay una línea invisible entre nosotros (él y quienes están detrás suyo en el Gobierno) y ustedes (los cuadros tradicionales de la derecha, Larraín, Novoa, Melero, Cardemil)” (Peña, 2013).

El foco de la discusión enunció una crisis moral de la república construida desde 1990 contexto en que la memoria del pasado dictatorial cuestionó la calidad de la democracia y de la clase política que la había gestionado perfilando dos sectores; por un lado, una junta de beneficiarios del modelo, independientemente de su origen dictatorial o si se había construido en la postdictadura y, por el otro, una junta de acreedores o terceros indiferentes, constituida por la masa o la llanura (estado llano) cuyo ánimo había consentido el ejercicio ilegítimo del poder. Dando cuenta que en el período postdictatorial se habían desarrollado prácticas lesivas para la democracia que no se explicaban solo por el golpe, sino por una abdicación a principios democráticos de quienes habían sido mandatados para recuperarlos en el ejercicio ciudadano.

“La exigencia frontal para salir de una crisis de identidad moral es la sinceridad en la responsabilidad propia de aquellos que han conducido el proceso, la que no se exime por el pronunciamiento de la palabra perdón. Los modos republicanos e institucionales requieren de gestos y cambios en las propias instituciones, además de cambios generacionales en las representaciones, para airear la democracia” (El mostrador, 2013).

Estas prácticas se discutirían públicamente desde el 2015 denunciando el financiamiento ilegal de la política, un parlamento legislando para favorecer privilegios de grandes empresarios y la colusión y formas de extractivismo y el daño a comunidades denunciadas desde el 2013, que redundaron en acrecentar desigualdades y déficits de cohesión social y estarían en la base de la revuelta del 2019 (Rubio, 2020).

En el segundo mandato de Piñera (2018-2022), en un contexto internacional marcado por la expansión del uso de los derechos humanos (incorporada por el segundo gobierno de Bachelet), orientada a integrar el reconocimiento de comunidades diversas y su consolidación como Subsecretaría y posterior integración al Ministerio de Justicia y de Derechos humanos, se conservaron las memorias hegemónicas ya diseñadas y se dio curso a diversas iniciativas para propiciar con éxito variable disecciones discursivas para reducir el acceso al pasado reciente ya definido desde la guerra fría (en dispositivos curriculares), promover desde el parlamento limitaciones a la influencia del Museo de la Memoria y del INDH (2018)34 y también, proponer el proyecto fracasado de crear el Museo de la Democracia 2019 destinado a eliminar la memoria pública de la historia reciente y a perpetuar el régimen postdictatorial como una democracia legitimada. En el marco de la discusión de la propuesta, un intelectual de derecha columnista del diario El Mercurio y colaborador del CEP35 dijo:

“La idea es buena, un buen antídoto a la tendencia, de dimensiones a veces epidémicas, que tenemos en Chile de creernos dueños de la verdad. No hemos llegado a una guerra de todos contra todos, pero sí hemos vivido períodos de violencia, y en los últimos años, hemos padecido la prepotencia de unos dueños de la verdad de última generación. Si bien no violentos (no pretenden partirnos la cabeza con un hacha), nos han amenazado con retroexcavadoras, y nos han querido convencer que los consensos del pasado no eran sino el producto de transacciones miserables, en que se abandonaron principios sagrados nada más que para disfrutar del poder. Piñera, quien nos promete un gobierno moderado, abierto a los consensos, es la persona indicada para proponer un Museo de la Democracia. Nos hace falta. Hemos tenido períodos larguísimos de democracia exitosa en épocas en que algunos de los países más admirados de Europa vivían sometidos a monarquías autoritarias o a dictaduras fascistas. ¿Quién se acuerda hoy de eso? ¿A quién lo llena del orgullo que se merece? Para qué hablar de nuestra transición, que en 1990 inauguró 25 años de grandes éxitos. Allí compatriotas de todos los espectros, que se habían creído dueños absolutos de la verdad, tuvieron la humildad, la grandeza, la sabiduría de abrirse a verdades ajenas, de encontrarse con sus adversarios a mitad del camino. Es inaceptable que, por una suerte de chantaje moral talibán, propinado por mentes amargas, se represente a esta época como una de transacción cínica. Yo siempre he elogiado el Museo de la Memoria. Por otro lado, soy de los que piensan que en general deberíamos enriquecer nuestros pobrísimos museos existentes en vez de crear museos nuevos. Pero apoyo la iniciativa de Piñera. Si el Museo de la Memoria es necesario para evitar que se repitan atrocidades inexcusables, el de la Democracia lo es para que no se pierda lo logrado, sobre todo ahora que tantos políticos exhiben un preocupante desprecio por la democracia representativa. Pienso no solo en los asambleístas más o menos chavistas del Frente Amplio. Pienso en un Guillier cuando denuesta a los partidos políticos y, como populista clásico, pretende estar en contacto directo con la ciudadanía” (Gallagher, 2017).

La consolidación del llamado campo de memoria de los derechos humanos (Stern, 2013) conformado por investigaciones historiográficas36, de ciencias sociales37 y las producciones estéticas, junto con la ampliación de los trabajos de memoria sobre la prisión política y la tortura en sitios y comunidades de memoria contribuyeron a fortalecer la memorialización en la sociedad civil38. Conformando narrativas posicionadas desde una conciencia ciudadana basada en derechos y en formas de reconocimiento que recuperaría desde el presente neoliberal, las continuidades de la dictadura en las promesas fallidas de la democracia y el éxito económico prometidas por la transición. El recuerdo integró con diversos énfasis, la historia de la política de terrorismo de estado entre 1973-1990 como parte de un proyecto político, reconociendo prácticas y periodizaciones de la desmovilización y el exterminio de la izquierda y adherentes a la Unidad Popular, implementadas por los agentes de la dictadura (Villa Grimaldi, 2017).

La producción de memorias expresada como militantes (jóvenes, partidos y movimientos), memorias desde perspectivas de género y disidencias en la dictadura (represión específica a estos grupos en el régimen), transmisiones generacionales de memorias de la dictadura, disputas de género en la postdictadura (que cuestionan las políticas aplicadas al sector y potencian su deconstrucción en pos de fortalecer su identidad) y violaciones de derechos en la historia reciente y en el tiempo largo, que convergen en un presente complejo y copado de experiencias de desigualdad promovió la elaboración de escrituras inter y transdisciplinares39. Conformando narrativas de memoria que establecen vínculos que se desplazan desde la historia nacional a la historia local e integran perspectivas de análisis que relevan conocimiento y cultura ya en desarrollo desde la década del 2000, que hoy se designan como “situadas”. Que vinculan el testimonio de la vida cotidiana dictatorial y la violencia, la estética y la política desde análisis culturales, visibilizando en el pasado y el presente a mujeres, niños, jóvenes y defensores de derechos, entre otros.

La ausencia de un nuevo marco oficial del recuerdo en este contexto de expansión de la memorialización expresa la agudización de la crisis del orden institucional neoliberal evidenciada por los diversos movimientos sociales desde el 2006 al 2019. En este contexto, el Museo de la Memoria desarrollaría entre el 2016 y el 2017 políticas de vinculación y educación territorial más activas que tensionarían los marcos del recuerdo oficial original (centrado en el estado y los informes de verdad) y a la vez, sus gestores serían cuestionados por no integrar perspectivas críticas sobre sus narrativas de memoria histórica:

“Brodsky61 es eminentemente justo en exponer las diferentes controversias sobre el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago. Defiende con elocuencia su marco histórico basado en las Comisiones de Verdad que comienza con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y termina en 1990. El foco del museo es la memoria de la dictadura de Pinochet, sancionando el terrorismo de estado y su violación sistemática de los derechos humanos. Su misión es el archivo [,] la documentación detallada de ese periodo, no así la historia chilena con su racismo innegable y la violencia colonial/poscolonial. Yo mismo he tenido dudas sobre la exclusión de los años de Allende y la Unidad Popular en la narrativa del museo. De hecho, resulta interesante que, en los debates chilenos, la crítica al contexto histórico del museo se expresara tanto en la derecha como en la izquierda; en la derecha para justificar el golpe militar, en la izquierda para mantener vivo el recuerdo de Allende. La aporía de esta controversia da credibilidad al argumento de Brodsky en favor de dejar en suspenso el contenido político en la exposición museal, para destacar en cambio, el tema de las violaciones a los derechos humanos buscando un equilibrio entre ‘entender y recordar’. Al mismo tiempo, por supuesto, hay que decir que Allende no está totalmente ausente: su último discurso radial de La Moneda, al momento de ser bombardeada, inicia una sección que contiene poderosos testimonios a esos años” (Huyssen, 2018: 15).

Las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por Piñera en la revuelta social del 2019 marcaron el retorno activo del sello oligárquico dictatorial al imponer nuevamente formas de guerra total a escala nacional y territorial trascendiendo los espacios utilizados por la dictadura para torturar, encarcelar y asesinar. Esta vez, sin distinción de espacios ni edades ni a hombres, mujeres y niños se desplegó la violencia sobre los cuerpos, especialmente de las mujeres, a toda hora del día, siendo reproducida infinitamente por las redes sociales y, focalizándose con determinación en extirpar los ojos de los jóvenes. La violencia extrema trajo sin mediaciones discursivas el pasado dictatorial en el presente; “Cuando desperté, El golpe todavía estaba ahí. Augusto Monterroso”62 (Villalobos-Ruminott, 2019). Creando una suerte de suspensión temporal que activó con más fuerza memorias sociales populares de la historia del siglo XX que se vincularon con las del presente. La vuelta de las prácticas dictatoriales no logró reducir las narrativas fragmentadas expresadas por las movilizaciones en las calles del país. Éstas, relevando al pueblo, dieron cuenta de sus luchas contra formas históricas de explotación social y realzaron su relación con las actuales, como el endeudamiento. Denunciaron las formas de violencia y el sometimiento a las mujeres en dictadura y en el presente y sus experiencias de vida cotidiana vivida como estado de excepción permanente, y la crítica al estado y al gobierno. Las que se expresaron de la siguiente forma:

“Disparan, violan y torturan, igual que en dictadura’, ‘Daniela Carrasco la Mimo, violada y asesinada’, ‘Pacos violadores ¡’, ‘Nos quitaron hasta el miedo!’, ‘Chile es su pueblo’, ‘Gobierno asesino’, ‘Quisieron enterrarnos, ¡pero somos semillas!’ Estado; ‘Cobre y Litio para salud vivienda y educación’, ‘El pueblo no saquea al pueblo. Renuncia Piñera’, ‘Que se vayan todos. La lucha continua’ y ‘Piñera dictador’, ‘no sentir rabia es un privilegio’, ‘Piñera está pedio.63’, ‘Si nos roban la historia, escribiremos una nueva’, ‘Confianza en la gente para escribir la constitución del pueblo’, ‘Asamblea constituyente ahora ¡’” (En Rubio, 2020: 224).

La crisis de régimen implicada en la revuelta del 2019 y la instalación de la represión y violación masiva de derechos humanos con las connotaciones ya descritas supuso, por una parte, el cierre del periodo y a la vez el retorno de la amenaza dictatorial y la pérdida de derechos. Un retorno de este pasado, no como evocación sino como facticidad en el presente. Una nueva repetición de una historia sin narrativas explicativas. El acuerdo político que abrió el proceso constituyente dio paso a una inflexión en la cual los defensores de la dictadura y postdictadura se enfrentaron con quienes aspiraban a la transformación.

La nueva propuesta constitucional fue recientemente rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Aun se discuten explicaciones asociadas a la desconexión de las elites gobernantes e intelectuales con los intereses del pueblo. El tránsito desde el año 2019 ha sido complejo en medio de dos años de pandemia (encierro prolongado) y de una crisis económica cada vez más aguda. Los defensores del régimen en crisis desplegaron en redes estrategias de post verdad que trajeron nuevamente el pasado reciente dictatorial y postdictatorial como una crisis vinculada a la izquierda. Mientras, la producción de memorializaciones continua. No hay relato oficial posible, solo algunas evocaciones del presidente Boric a Allende y otros líderes democráticos del siglo XX con los cuales procura vincular históricamente su proyecto de gobierno debilitado en un contexto altamente complejo.

La emergencia de las elaboraciones del pasado reciente y sus disputas públicas en el periodo 1990-2022 se inscriben en torno a un pasado de catástrofe marcado por el golpe de estado de 1973 y la instalación de la reversa histórica (retroceso presentado como progreso) conservadora neoliberal en la dictadura pinochetista. Las posibilidades de elaboración del recuerdo en el periodo se despliegan altamente tensionadas por las propias contradicciones que residen en su propio origen marcado por el terrorismo de estado y las políticas de deshumanización para consolidar el orden neoliberal excluyente y desigual. Las disputas entre la memoria hegemónica centrada en el estado y la guerra fría y las narrativas basadas en la memorialización social muestran los tránsitos de la integración de la verdad de las violaciones de derechos humanos, hechos que se desplazaron desde un modo de verdad innombrable y metafísica en el gobierno de Aylwin, también asociada al miedo impuesto por el pinochetismo (castigos), hasta su integración como acontecimiento, pero que aún requiere de una explicación histórica que la sustente públicamente. Del mismo modo, las categorías cristianas de perdón y reconciliación evidenciaron un vaciamiento de uso y de sentido hasta desaparecer del debate público. La emergencia de diversas formas de memorialización, testimonial, biográfica, deconstructiva, colectiva, de género, etnia, territorial, etc., junto con el campo de memoria de los derechos humanos ha mostrado más dinamismo y producción desde la década del 2000 hasta el presente. Podemos decir, que las memorializaciones sociales potenciaron su incidencia en la discusión pública mientras la narrativa hegemónica se vaciaba de sentido en medio de la crisis de régimen. Estas memorializaciones articularon diversas configuraciones ciudadanas, las izquierdas del siglo XX, las demandas de justicia y restitución de la ciudadanía vulnerada en dictadura y, las de diversos movimientos sociales de la postdictadura.

El ciclo en que el pasado de la Unidad Popular y de la dictadura cívico militar regresaron al presente (1990-2010), se basó en una memoria hegemónica de guerra fría (incluyendo la naturalización de la violencia y la decadencia del estado republicano), la cual con una débil integración de los derechos humanos como referente de la cultura política operó para reducir las responsabilidades de la clase gobernante y mantener los acuerdos en un marco oligárquico de la política que permitió la coexistencia de un sector conservador y pinochetista y otro, llamado de centro izquierda en la democracia neoliberal. A esta forma de recuerdo se opusieron los movimientos de defensa de las victimas a través de la demanda de verdad y justicia en tribunales y mediante la apelación a una memoria política y de los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado y de militancias de izquierdas, proyectados a través de diversas producciones y organizaciones. Esta última, lideró hitos de disputas de memoria en 1991, ante el Informe Rettig; en 1998, por la detención de Pinochet en Londres, en el año 2003, en medio de la conmemoración de los 30 años del golpe militar (restituyendo al líder del pueblo, Salvador Allende) y, resistió éticamente a las estrategias de perdón implementadas por el sector conservador. Conformó memorias testimoniales del horror en medio de la implementación del programa “No hay mañana sin ayer”, la declaración del “Nunca Más del Ejército” (2003) y en la discusión abierta por la publicación del Informe Valech (2004). La narrativa oficial de memoria no fue exitosa para cohesionar a toda la sociedad, las memorializaciones basadas en verdad y justicia que suponían restituir en el presente (oligárquico) a una ciudadanía vulnerada, resistieron a estas explicaciones desde sus experiencias y análisis en desarrollo.

En cuanto al segundo ciclo (2010-2022) el regreso del presente al pasado, continuó con una ciudadanía del siglo XX que demandó verdad y justicia fortalecida por las investigaciones del campo de memoria de los derechos humanos que aportó marcos de análisis y visibilizaciones sobre los procesos dictatoriales y sus impactos sociales. A este se agregaron nuevos movimientos ciudadanos orientados a denunciar la continuidad entre la dictadura y los procesos transicionales como formas políticas asociadas a la clase gobernante para consolidar desigualdades y privilegios. La expansión de memoria en este ciclo propició, desde el 2011 en adelante, la socialización de las políticas de exterminio desde las experiencias vitales y múltiples producciones de memorias situadas, territoriales e identitarias de diversos agentes sociales que recurrieron al pasado reciente y a otros pasados para fortalecer sus visiones y acciones como movimientos sociales. Un hito critico fue la conmemoración de los 40 años del golpe de estado (2013) al cuestionar éticamente a la clase dirigente y sus políticas oligarcas. También se promovió, la crítica (2018) a las agencias vinculadas a la memoria oficial (Museo de la Memoria e INDH). Los sitios y comunidades de memoria tuvieron un rol determinante en articular estos dos movimientos mediante una estrategia constante de relacionar el pasado y el presente.

Una cuestión indudable ha sido el recurso a la memoria y a los derechos humanos en todo el ciclo postdictatorial tanto de las políticas de memoria como en las formas de memorialización social. Considerando la crisis aguda del régimen y sus persistencias desde el año 2019 hasta el 2022; podemos constatar desde el análisis de las memorias que el antecedente más directo de esta se evidenció desde la conmemoración de los 40 años, el año 2013 al desvanecerse la memoria hegemónica de la guerra fría y las retoricas vacías del perdón ante el peso de las experiencias testimoniales de la represión (televisión y documentales) socializadas masivamente. En este contexto, por una parte, la sociedad regresó al pasado para rememorar la deshumanización y por otra, cuestionando el presente, sostuvo una dura crítica ética a la clase política gobernante. Un punto a destacar desde este presente 2022, es que, si bien las memorializaciones sociales recientes integran los derechos humanos como referente para demandar sus reconocimientos, estos últimos se han elaborado más bien de modo experiencial y asociados a perspectivas sectoriales, requiriendo aun de ciertas consolidaciones para contraponer su legitimidad y reconocimiento efectivo como parte de un colectivo unido ante las formas neoconservadoras y fascistas en curso, que han procurado sin éxito, instalar negacionismos e implantar nuevas formas de guerra total.