Pasado reciente y debates públicos en el Chile postdictatorial
Académica titular del Instituto de Historia y Ciencias Sociales

(Universidad de Valparaíso)

El declive de la memoria hegemónica y la emergencia de la memorialización social (1990-2022)

Fondo Kena Lorenzini. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Fondo Kena Lorenzini. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

El pasado reciente chileno. Historia, tiempo y memoria como problema político y epistemológico

La orden de rendición incondicional exigida a Salvador Allende por los destacamentos golpistas en la mañana del 11 de septiembre de 1973 inscribió la historia de nuestro país en lo que Enzo Traverso (2019) ha llamado la violencia global1, una forma de dominación basada en el exterminio del opositor. Desde el golpe de estado se instalaron formas de guerra total (matanzas industriales) a micro escala territorial, utilizando las tecnologías para la deshumanización junto con una reactualización de formas modernas de monopolio estatal de las armas, de racionalidad productiva empresarial, de división del trabajo, el control de las pulsiones y la neutralización social de las normas éticas para instalar sin contrapeso el neoliberalismo.

La destitución del gobierno de Salvador Allende a través del Golpe de Estado de 1973 y el despliegue de la Dictadura Cívico Militar (1973-1990) puso fin a un ciclo de debates desarrollistas construidos por el liberalismo democrático de la primera mitad del siglo XX en Chile. La alianza entre el régimen pinochetista y los defensores del proyecto neoliberal destruyó la institucionalidad republicana, desmovilizando mediante crímenes masivos al movimiento popular para implantar un proyecto global de los grupos económicos orientado a optimizar la reproducción ampliada del capital y cooptar a las clases subalternas (Corvalán, 2018). Una ingeniería social fundada en la violencia de estado y en la excepcionalidad permanente cortó el tiempo republicano del siglo XX. Mediante una contracción y reversa histórica se desplegó un estado de seguridad nacional para restituir el orden oligárquico2 del pasado como un nuevo futuro, en la llamada “democracia protegida”, fundada en la constitución de 1980 y en un sistema neoliberal que se proyectó mediante “la política de los acuerdos” entre el empresariado, el pinochetismo y la transnacionalización del capital (González y Rubio, 2022).

Esta tensión argumental del origen y definición de la democracia restituida presente en los términos ‘democracia semisoberana’ (Huneeus, 2014) y “democracia incompleta” (Garretón & Garretón, 2010) conforma un conjunto de nudos históricos anclados al pasado reciente chileno que lo sitúan como un periodo necesario de abordar como pasado utilizable pero que emerge de modo, difuso y riesgoso. Un pasado presente que la revuelta de octubre de 2019 ha comenzado a resquebrajar en medio de una crisis de régimen3.

El recurso de la memoria tan nítido en las sociedades actuales para recuperar pasados en razón de una experiencia de obsolencia derivada de la aceleración temporal por efecto de la globalización y como una proyección del paradigma del holocausto (Huyssen, 2001), comporta en nuestro caso complejas tramas económicas, culturales sociales y políticas asociadas a la dominación impuesta y los efectos de las dislocaciones temporales ejercidas por las políticas de deshumanización y segregación económica dictatorial. La historia reciente chilena se constituye como un pasado de catástrofe, de contemporaneidad (Rousso, 2018) y traumático, amarrado ineludiblemente al presente neoliberal en el Chile postdictatorial. Un pasado lleno de cercos impuestos por los silencios acordados entre los poderes fácticos, los déficits de justicia y, las políticas de memoria y de educación centradas en el orden y el estado y, distantes de memorializaciones activas.

En medio de la densidad de los fenómenos experimentados y sus contradicciones materiales y discursivas en las que se implican, la pérdida, el daño social, las desigualdades, las expectativas de futuros frustradas y la emergencia de nuevos presentes proyectados como futuros, se despliegan diversas memorias que disputan el recuerdo de dicho pasado y la organización del presente. Estas controversias memoriales han nutrido el debate público de referentes identitarios, políticos, juicios éticos e históricos con diversos propósitos como: cerrar el pasado y reproducir el presente, reivindicar proyectos políticos basados en derechos e igualdades y sustentar en algunos casos, nuevas demandas sociales que reconocen los derechos humanos como sustento de la democracia. Hablan también, en su forma más compleja de un pasado reciente transferido con vacíos y silencios que es procesado entre los jóvenes en narrativas fragmentarias, románticas y presentistas, derivadas de haber recibido la carga de una historia no vivida y encubierta que ha definido sus vidas (Rubio y González, 2022).

Observamos dos grandes marcos del recuerdo, las políticas de la memoria desarrolladas por los gobiernos que han utilizado una narrativa hegemónica maestra de guerra fría creada en el año 20034. Esa narrativa explica el llamado “quiebre democrático de 1973” como un hecho derivado de la polarización internacional en el marco del mundo bipolar, que absorbe dos memorias promovidas por la opinión pública conservadora. Una, que considera la violencia como constitutiva natural de la sociedad y que emerge inevitablemente en momentos de crisis. Y otra, que explica el gobierno de la Unidad Popular como el momento culmine de una decadencia histórica del estado republicano asociada a su progresiva apertura a los derechos sociales durante el siglo XX5. Todas estas narrativas de memoria se caracterizan por estar centradas en el estado, sustentar explicaciones en fuerzas históricas superiores a las decisiones políticas y promover la defensa de la clase política y la democracia establecida desde 1990.

También, se ha desplegado una narrativa de memoria ciudadana cada vez más amplia conformada por movimientos memoriales de víctimas de violaciones de derechos humanos, familiares, herederos y diversos movimientos. Quienes mediante distintas estrategias de memorialización (rituales, representaciones teatrales, testimonios escritos, archivos de la represión territorial, mapeos de políticas de exterminio y formas de educación en sitios), junto a un campo de memoria de los derechos humanos (Stern, 2013), recuperan agentes sociales y experiencias testimoniales de militancias en la Unidad Popular y vida cotidiana dictatorial. Relevan a defensores de derechos, cuestionan las narrativas hegemónicas, discuten sobre los sustentos éticos del régimen y evidencian su proyección en la postdictadura.

La relación entre estas dos formas de elaborar el recuerdo del pasado reciente chileno acompaña los debates políticos. En tiempos de memoria copan la agenda pública, nutren de manera continua investigaciones del campo de memoria y la historiografía y sitúan discusiones sociales sobre la violencia política, las izquierdas, los movimientos de defensores de derechos, las resistencias de mujeres y jóvenes, etc. Desplegando una historia y memoria pública como un proceso permanente y variable6 que acompaña todo el ciclo postdictatorial. Activa la memoria como un recurso que revisa las posibilidades de uso que ofrece el pasado reciente para pensar la política. Como fenómeno que trasciende las funciones conmemorativas, las memorias han abierto cuestionamientos ético-políticos al orden vigente y, otras formas de comprender la historia del presente en relación con su pasado de origen y otros pasados.

Memoria hegemónica y memorialización. Configuraciones, vacíos y desplazamientos en el Chile postdictatorial

A nuestro entender las narrativas hegemónicas promovidas por las políticas de memoria y las memorializaciones ciudadanas emergentes cruzan la historia del periodo 1990-2022, se conforman acoplando diversos registros de memoria de acuerdo a sus disputas e intereses y comparten una relación que va articulando cada vez más explícitamente la memoria y los distintos usos de los derechos humanos como recursos de reflexión y de análisis político en el espacio público.

En cuanto al desarrollo de estas dos grandes narrativas si bien observamos continuidades de sentido entre ambas en relación a integrar aspectos del pasado reciente en la discusión pública desde la necesidad de verdad y justicia, podemos reconocer dos periodos. Uno en que el pasado de la Unidad Popular y de la dictadura cívico-militar regresa al presente 1990-2010, no sin tensiones, como demanda de justicia de una ciudadanía histórica que resiste al olvido de las políticas de exterminio, de los proyectos sociales y a su negación como sujeto político y otro, entre 2010-2022, en que el presente regresa al pasado para enunciar la continuidad entre la dictadura y los llamados procesos transicionales de la mano de una ciudadanía que procura develar las tramas del poder y las crisis en la postdictadura. El ciclo se cierra con el proceso constituyente (2022) en el cual se enfrentaron defensores del orden establecido y quienes pretendían transformarlo removiendo nuevamente el pasado reciente. El resultado de este proceso marcó una derrota de los sectores que buscaban la transformación, prolongando aún la crisis del régimen postdictatorial.

Periodo 1990-2010

Los gobiernos de la Concertación desde 1990 fundaron su gobernabilidad en un distanciamiento regulado del pasado y una apuesta al futuro modernizador como fuente de cohesión y sustentabilidad democrática. Junto con ello, las políticas de la memoria debían definir el fondo de experiencia común del pasado a recordar y articularlo con la política contingente. El proceso evidenció tensiones relacionadas con la concepción de la violación de los derechos humanos, el futuro democrático proyectado, el propósito de lograr el crecimiento con equidad, y la oposición de la derecha y el pinochetismo a juzgar las violaciones de derechos y dar curso a las demandas de las víctimas, en el marco de las políticas de justicia transicional. La coalición apostó a una consolidación de la democracia confiando que la dinámica del “juego político” abriría el campo de maniobra, mediante la circunscripción de “lo posible” en el marco de acuerdos amplios (Lechner, 2002). No obstante, el pasado vivo continuó amarrado al presente por las inequidades del sistema económico, “la política de acuerdos”, la presencia de Pinochet en la comandancia del ejército y luego como senador vitalicio, que abriría un pasado presente continuo, hasta su detención (1973-1998), la escasa representatividad del sistema político y la justicia adeudada a las víctimas (Rubio, 2014).

Las políticas de memoria desarrolladas por el gobierno de Aylwin enmarcadas en un ciclo de “erráticas irrupciones de memoria” (Wilde, 2014) se deben a nuestro entender, al contexto complejo de la transición y a los marcos políticos del gobernante. Estos últimos fueron convergentes con las visiones oligarcas y pinochetistas, circunscribieron las posibilidades de memoria a un principio pragmático negociador, la verdad en la medida de lo posible y, a categorías hispanistas cristianas como el perdón y la reconciliación. El potencial de activar recuerdo sobre las políticas de deshumanización implementadas por la dictadura quedaba subsumido en una suerte de cohesión comunitaria religiosa que, gracias a una verdad declarada, se restituía a sí misma por el perdón, que el mandatario sería el primero en ofrecer (1991).

Estos principios quedarían plasmados en el Informe de Verdad y Reconciliación (Rettig, 1991) que centraba su relato histórico en el contexto anterior al golpe (1965-1973), endosaba la causalidad de la violencia a los movimientos sociales y reducía la dictadura (1973-1990) a un conjunto de bandos militares, liberando a los perpetradores mediante el silencio de sus nombres16. Evidenciaba la desaparición de personas como una historia sin ejecutores, sin acciones e intenciones explícitas que permitieran comprender la trama del exterminio de ciudadanos, en particular de mujeres, marxistas y analfabetos17. A ello se agregan los rasgos metafísicos de su narrativa y la defensa de una verdad innombrada que debía ser aceptada como mandato superior18. Definiendo a los ciudadanos como creaturas de Dios (sic), desplegó la memoria hegemónica de inevitabilidad de la violencia y del caos político institucional (decadencia del estado republicano), responsabilizando a la Unidad Popular de la crisis. Estas últimas narrativas formaban parte de configuraciones historiográficas conservadoras consolidadas durante el siglo XX que fueron reeditadas con fuerza en el ciclo dictatorial y fueron eclipsadas en la década del año 2000 por los procesos de justicia abiertos y los actos de conmemoración de los 30 años del golpe militar el año 2003.

El informe presentaba un pasado como un tiempo de causalidades históricas inevitables defendidas por los sectores pinochetistas en el cual se inscribía una verdad: confirmar la muerte y desaparición forzada de más de 2000 chilenos y dar claves sobre su “paradero” para luego recomendar políticas de reparación. Este recuerdo se distanciaba de las memorias vivas de las víctimas que demandaban justicia. Se pretendía restituir la paz social a través de una reconciliación impuesta mediada por el perdón. Estrategia a todas luces limitada dado que, No hay cuerpos19.

Ante ello, los movimientos de familiares de las víctimas resistirían en el lema, “ni perdón ni olvido” como demanda de justicia y memoria activa. En dicho contexto, la aproximación predominantemente oligárquica (1990-2004)20 de los defensores de la dictadura ante la demanda de justicia de las víctimas, rechazaba los derechos humanos como referente jurídico político, negaba las violaciones y justificaba el terrorismo de estado como un modo de “castigo” a la izquierda que debía pedir perdón por haber transgredido “el orden” en la Unidad Popular y, haber sido los causantes de la crisis histórica. Esta visión se acopló con la opción concertacionista de adoptar una visión de los derechos humanos como límite al poder (Flischfisch, 1983) que se consideraba permitiría estabilizar la transición basada en la institucionalidad y no en los agentes sociales21.

 El gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), la conmemoración de los treinta años del golpe de estado (2003) y el mandato de Michelle Bachelet (2006-2010) dieron paso al llamado “tiempo de memoria” (Wilde, 2014). La detención de Pinochet en Londres (1998) abrió un nuevo proceso de discusión sobre el pasado reciente, la ausencia de justicia y sobre la reconstitución de la ciudadanía dañada. Desde el derecho internacional y el ejercicio de la imprescriptibilidad de los derechos humanos diversos movimientos cuestionaron la densidad democrática e interpelaron al estado nación chileno para hacer justicia ante el pasado y el presente, en un contexto en que los derechos humanos se consolidaban como referente jurídico político transversal integrando también nuevos reconocimientos. En el contexto local, la cuestionada estrategia de la carta de perdón de Pinochet elaborada por el círculo de la Unión Demócrata Independiente (UDI)22 para aglutinar fuerzas y de la fallida mesa de diálogo (1999) que había convocado a organizaciones de derechos humanos y representantes de las fuerzas armadas para aportar información sobre los ejecutados y desaparecidos políticos, fueron desplazadas por el regreso del dictador a Chile el año 2000.

 El retorno de Pinochet activó demandas contra él y los perpetradores23, acrecentando la deslegitimación de la derecha que comenzaría a distanciarse lentamente de su figura24. Por ello adelantándose a la propuesta del gobierno de Lagos, este sector político elaboraría una nueva forma de perdón fusionando las claves políticas oligárquicas ya señaladas con principios neoliberales proponiendo un Perdón personal a cambio de dinero. Así, en junio de 2003 la UDI ofreció una reparación monetaria a los familiares de los desaparecidos, con la condición de cerrar definitivamente los procesos de investigación y justicia25. Un acto individual y voluntario a cambio del cierre judicial de los procesos, daría paso a una reparación económica y al perdón. Desde una visión economicista de la ciudadanía se relegaba su derecho de justicia a una relación contractual entre privados, desplazando el ejercicio de los derechos humanos de un plano universal a una esfera de decisión privada. Confundiendo víctima con allegado, extrapoló el perdón como forma espuria de la justicia. La propuesta fue criticada por gran parte de la clase política y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) quienes afirmaron:

“¿Cómo se puede pensar que, recibiendo una cantidad de dinero, cierro el dolor, la herida y me olvido de mi hermano desaparecido? Es algo imposible. ¿Qué molesta más: ¿la propuesta en sí, o que surja de la UDI? “La propuesta, que es una inmoralidad. Pero que además provenga de la derecha más recalcitrante, más comprometida con la violación a los DDHH, resulta un agravio, una agresión más, es agregarle más dolor al dolor”. “[…] Lo concreto es que la UDI, a partir de un hecho traumático para la vida de los familiares de DD mal utilizándolo, lanzan esto. Ahí es donde está la perversidad de la propuesta. Lo que dicen es que con esto cierren los juicios a la persona se le entrega un certificado de defunción; o sea, la muerte presunta, la misma que trató de imponer Pinochet y no lo logró. Así termina la figura del secuestro permanente y, por lo tanto, los juicios quedan en nada” (Carta de la AFDD, 2003: 36).

La estrategia ha sido poco recordada. En cierta forma fue opacada por las memorializaciones activas de los partidos y de la sociedad civil quienes en el marco de la conmemoración de los 30 años del golpe de estado en el año 2003, desplegaron en diversos medios, memorias que reivindicaron a Salvador Allende como líder histórico del imaginario social republicano, memorias partidistas y de experiencias vitales que recuperaron tanto la historia de la ciudadanía como de los partidos congregados en torno a una memoria del quiebre republicano (Stern, 1999).

Valparaíso, Chili, 2012. © Caroline Bauer

Valparaíso, Chili.

A través del Programa “No hay mañana sin ayer” (2003), Lagos desplegaría un conjunto de políticas de memoria y de reparación, incluida la declaración del “Nunca Más” del ejército (2003), orientadas a restituir el estado republicano integrando el pasado reciente en continuidad con el presente democrático del “nuevo gobierno socialista”26. Entre estas, el Informe de la Tortura y la prisión ilegítima, (Informe Valech, 2004) y su narrativa histórica, sería su piedra angular. El informe introdujo las políticas de deshumanización mediante el testimonio y la huella del cuerpo. Centró su relato histórico en la experiencia de la violación de los derechos humanos durante la dictadura y validó el testimonio como un medio de acceso individual y colectivo al pasado que sustituyó la verdad abstracta por una experiencia social compartida por las víctimas que aún estaban vivas. Establecía un trayecto histórico de la política de terrorismo de estado a lo largo del país, reconociendo ciclos de las políticas terroristas estatales, caracterizando los espacios y los tipos de prisión ilegitima y de tortura como formas de violación de derechos perpetradas por el estado y sus agentes, aplicadas a los jóvenes de los años 70 y 80. El recuerdo se redimensionaría integrando a la ciudadanía en una discusión pública transversal sobre la responsabilidad moral de la sociedad ante la memoria del dolor y del quiebre del cuerpo personal y político. Sin embargo, esta apertura no se integraría en un recuerdo del pasado reciente sustentado en un marco explicativo basado en derechos y abierto a reflexiones ético-políticas. Estas memorias testimoniales se subsumieron en una nueva memoria hegemónica, la de la guerra fría que desplazaría la explicación desde las fuerzas inmanejables de la historia presentes en las narrativas asociadas al Informe Rettig (1991), hacia la disputa ideológica derivada de un contexto externo (no a razones históricas propias de nuestra sociedad), en el marco del mundo bipolar.

Estas narrativas fueron desplegadas en diversos eventos promovidos por el gobierno y la clase política. En el seminario organizado por el ejercido de Chile, “Ejército y Derechos Humanos: Compromiso para el siglo XXI” (2004), líderes de izquierda y de derecha contribuyeron a reafirmar que la guerra fría entendida como parte de una “lógica del siglo” se había transferido a las dinámicas internas del país potenciando, con ello, el poder de las ideologías. El líder del Partido Socialista Ricardo Núñez afirmó:

“La guerra fría se instaló en casa como el último disparo de la contienda mundial. Nos marcó a fuego y en medio de la historia patria se estremeció de manera dramática con los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973, en medio de este proceso histórico, ¿qué papel jugaron las ideologías? ¿Cuáles fueron las motivaciones últimas que animaron a los actores de ese periodo? Debemos tener presente que todas las acciones emprendidas por los países e imperios existentes en esa época se recubrieron de justificaciones ideológicas o exhibieron sus pretensiones hegemónicas a partir de consideraciones ideales.” (Núñez, 2004: 536).

Por su parte, el líder de la derecha Andrés Allamand señaló:

“Las ideologías que se apartaron, despreciaron o aspiraron a sustituir la democracia tienen en común dos rasgos: el desprecio por el derecho y la apelación a la fuerza; quizás un tercero: La utopía de creer que la fuerza separada del derecho es controlable […] si el país vuelve a ignorar los hechos que generaron el horror siempre quedará expuesto a repetirlos […] El horror no apareció de la noche a la mañana. Se fue gestando a la par del socavamiento de la democracia chilena, de la validación de la violencia política, del irresponsable entusiasmo revolucionario por la vía armada, de la alimentación sistemática del odio de clases, del pesado influjo de la guerra fría, en fin, de la “borrachera ideológica” que asesinó la tolerancia entre nosotros” (Allamand, 2005: 44).

El informe mantenía un régimen de continuidad de una visión estructurante de la historia reciente (1970-1990) caracterizada por la naturalización de la violencia, entendida como una fuerza incontenible que nos habría conducido a una guerra civil (Lechner y Güell, 2006), ahora regida por fuerzas externas a la política local. Esta narrativa hegemónica promovida por los dispositivos de memoria y de reparación se proyectó como recuerdo oficial habilitante para la elaboración del “Nunca Más” del Ejército (2003) y para blanquear sin éxito a la institución, dada la posterior denuncia de la participación de su general gestor como cómplice en las violaciones de derechos humanos27. También, fue promovida con la apertura del Museo de la Memoria y de los derechos humanos (2010)28 en la narrativa de su muestra permanente y, con múltiples vacíos, en los ajustes curriculares para su enseñanza en la escuela.

Si bien, los derechos humanos fueron ejercidos con límites ante los tribunales y el gobierno de Bachelet convocó a una segunda comisión de verdad (2010), el déficit de esta narrativa unida a su lenta integración en los discursos oficiales y las tensiones agudizadas por las políticas represivas en el conflicto mapuche, entre otras, no contribuyeron a consolidar los derechos humanos en la memoria oficial y, como un sustento de la democracia, que trascendiera a la visión inicial establecida en los años 90 que los había entendido como límite al poder.

Este vacío fue llenado por iniciativas neoconservadoras de tinte aparente liberal (2003-2004), que volvieron a responsabilizar a la izquierda del quiebre democrático en el pasado reciente. Argumentando la condición de “naturaleza frágil” de la Comunidad Política, como lo demostró la crisis política de 1973, se asimilaron los derechos humanos a los derechos individuales. Sosteniendo que existía una responsabilidad que operaba como conciencia individual que “se asume” y otra, que “se exige” (por otros). Así, la decisión de las víctimas de optar por la justicia ante las violaciones de Lesa Humanidad, provocaría como efecto, una nueva crisis de la Comunidad Política. Se volvía a defender una forma omnímoda (colonial) aplicada ahora a la libertad, que no obligaba a los perpetradores a asumir su responsabilidad.

“(…) la responsabilidad que se exige es un concepto jurídico, supone que alguien ha sido dañado y tiene derecho a reclamar de su agresor una reparación. Pero la noción trasladada al campo político, es del todo inoperante para avanzar en la reconciliación. La responsabilidad como exigencia es la médula del círculo vicioso en que nos encontramos. Los adversarios del régimen militar demandan que todos quienes participaron en éste se reconozcan responsables por lo ocurrido en materia de DDHH. A su vez los partidarios del gobierno militar responden que quienes deben asumir su responsabilidad son aquellos que provocaron las condiciones en las cuales se produjeron las violaciones a los DDHH. La respuesta no tarda un segundo: quienes sembraron los vientos no pueden quejarse de las tempestades. ¡Esa argumentación no lleva a ninguna parte!” (Allamand, 2005: 44).

En suma, estas narrativas de memoria y política29 han redundado en que los derechos humanos sean cuestionados permanentemente y sus agentes defensores organizados en comunidades, redes de sitios y memoriales hayan experimentado desde el año 2017 vandalizaciones dirigidas por políticas fascistas orientadas a destruir las prácticas de memorialización. La creación de sitios y memoriales fue promovida por los gobiernos de Lagos y Bachelet abriendo un nuevo espacio de memorialización activa que se proyectó con más fuerza en el periodo siguiente. Está centrada en las memorias del pasado reciente de militantes, de víctimas y de la sociedad, se caracterizan por operar en condiciones de desigualdad, desprovistas de un cuerpo legal que les financie, por desplegar un dinamismo argumental, científico-vivencial y estético dirigido a toda la sociedad y promover relaciones entre el pasado dictatorial y el presente postdictatorial.

Período 2010-2022

El período se ha caracterizado por la llegada al poder del primer gobierno de derecha en la postdictadura, a cargo de Sebastián Piñera (2010-2014), el retorno fallido de Bachelet (2014-2018), y del piñerismo (2019-2021), este último, en medio de la crisis de régimen desatada en el año 2019.

Los signos de crisis de argumento ya se habían enunciado en la conmemoración de los 40 años del golpe de estado en el año 2013. Si bien, persistieron los marcos explicativos de las políticas de la memoria, ordenados en la narrativa de la guerra fría, el ejercicio de la memoria se activaría a partir de tres ejes en el debate público: la discusión del contexto dictatorial como causa del presente ejercida por los movimientos de derechos humanos y los emergentes en el período 2011-201330; la representación de la verdad de la Política de Campo31. A diferencia del ciclo anterior, estos acontecimientos fueron socializados a través de documentales testimoniales televisados, series de TV, seminarios académicos. Exponiendo las experiencias de horror se narraron las políticas de terrorismo de estado como una historia acontecida a escala humana32. Y, por último, se hizo referencia al pasado reciente como sustento ético y condición de legitimidad de la acción política en el presente. Perspectiva que tuvo su hecho más significativo en la renuncia forzada ya comentada de la Dirección del Servicio Electoral del General del Ejército Juan Emilio Cheyre. La demanda pública de su salida y enjuiciamiento mostró la crisis y declive de la política de acuerdos entre la clase política y los estamentos militares33.

Estos tres ejes abrieron una nueva discusión sobre el carácter del perdón y de la implicación de los llamados cómplices pasivos – colaboradores (Elster, 2006) – en la violación de derechos humanos. El termino introducido por Piñera sintetizó una crítica a la calidad de la democracia conformada en la transición y la crisis de la esfera pública postransicional, evidenciando que la violación de los derechos humanos había dejado de ser al menos, hasta ese momento, un asunto propio de las víctimas, para convertirse en sustento de una demanda social que interpelaba a la clase política sobre su congruencia ética y política. El recurso al perdón volvió a activarse para abordar los hechos del pasado reciente, manteniendo las continuidades del período 2003-2004. Fue solicitado por un variado (aunque no extenso) espectro político, compuesto por parte de la derecha pinochetista y algunos representantes de la izquierda. Su solicitud expresó nuevamente su vacío, evidenciando confusiones éticas y políticas sobre quien debe pedir perdón y a quien dirigirlo: “Asumir las culpas, propias e institucionales, y pedir perdón, es cosa ardua. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque nos impide olvidar. La experiencia del siglo XX demuestra que lo único que puede ayudar a garantizar el ‘nunca más’ es que el pasado siga vivo en el presente” (Micco, 2013).

Las organizaciones de familiares de detenidos y desaparecidos mantuvieron su posición ciudadana de no confundir o conmutar el perdón con la justicia. Dada su experiencia: “el perdón no significa impunidad, las solicitudes de perdón están todas carentes de contenido, porque ninguno ha llamado a terminar con el pacto de silencio, porque ninguno ha dicho que debe haber verdad y justicia, porque ninguno ha dicho dónde están los desaparecidos, quienes son los uniformados y civiles involucrados con estos crímenes” (AFDD, 2013).

Asimismo, la dirigenta Lorena Pizarro, afirmó: “(…) este es un país que no se ha tragado la historia que se ha dicho por años y que este no es un tema del pasado, la verdad, la justicia y la memoria son fundamentales para construir un país que se mire a la cara, no con criminales, no con la impunidad, hay que mirarse a la cara para construir un país que ponga en el centro el respeto y la defensa de los derechos humanos”.

Hubo también reflexiones que distantes de los preceptos morales y religiosos sobre el perdón que caracterizaron el período 1990-2003, cuestionaron abiertamente el nivel pragmático de su uso y desmantelaron su carácter imperativo para la reconciliación, la aceptación de lo sucedido y también del funcionamiento de la democracia:

“Quiero decir: no se trata del perdón de Dios. Ni del perdón civil ante la trasgresión a una ley. Ni del solicitado de persona a persona, pues la política no es práctica personal sino colectiva. ¿De cuál perdón estamos hablando? O lo que es lo mismo: ¿Es la política el lugar más adecuado para solicitar perdón? ¿O será que cuando pedimos perdón en la política estamos pidiendo perdón por algo que no tiene nada que ver ni con la idea del perdón ni con la idea de la política?” (Mires, 2013).

 Introduciendo la política como referente para situar el perdón se afirmó:

“¿O es que nadie en la política o en la historia, como dicen los dementes te absolverá? Por supuesto, la absolución también existe en la política cuando existe de verdad arrepentimiento. Pero hay que dejar claro que ese arrepentimiento solo puede ser mostrado en la política no con peticiones públicas de perdón. La razón: la política es antes que nada un lugar de acción. Dicho así: La naturaleza de la política es la acción política. La meditación y el pensamiento solo adquieren sentido en la política cuando se traducen en acciones políticas. Por lo tanto, pedir perdón en la política sin acciones que precedan o que continúen a esa petición es un acto banal o inútil. Reitero: una coartada. ¿De qué nos sirve la petición de perdón de un político chileno si continúa afiliado a un partido cuya mayoría considera que el golpe de Estado de 1973 fue una acción legítima? ¿Quién puede creer en el perdón solicitado por un político de izquierda si continúa siendo miembro de un partido que calla frente a los crímenes que cometen dictadores de “izquierda”? El perdón en la política tiene otro nombre: se llama rectificación. Rectificar es, además, una propiedad del pensar. Un político que actúe sin pensar es una desgracia en la política, tanto como uno que piensa sin actuar. Solicitar perdón en la política sin haber rectificado políticamente es un acto imperdonable, tan imperdonable como el creyente que pide perdón a Dios sin haberse arrepentido de los actos que lo llevan a pedir perdón. A la inversa, si ha habido rectificación en la política, no será necesario pedir perdón a nadie. No sé quiénes son peores: los que incapaces de rectificar no necesitan pedir perdón pues la culpa siempre será de los “otros” y jamás de los “nos-otros”, o quienes piden perdón como un mero sustituto de una rectificación que nunca han realizado” (Mires, 2013).

El trasfondo de la discusión introducía la reflexión sobre el pasado reciente como un sustento de la consistencia ética demandada a las clases gobernantes. El termino cómplices pasivos, que aludió a quienes no participaron directamente en los hechos de violación de derechos humanos, pero que pudieron haber actuado para evitarlos, vino a profundizar la crisis al interior de la coalición de gobierno y fue rechazado por la derecha pinochetista y miembros del propio partido del gobernante. Abriendo un cuestionamiento ético más profundo hacia los profesionales que, dada su función social (periodistas, medios de prensa y jueces), pudieron haber evitado la instalación de la política de campo por vía comunicacional y legal, más no lo hicieron:

“Lo que el Presidente hizo fue mostrar que lo que estaba entrelazado históricamente (las modernizaciones y las violaciones a los derechos humanos) no tenían por qué atarse conceptual o políticamente (salvo que, como les ocurre a algunos, estén unidas a su propia biografía). El gesto del Presidente, además de su innegable efecto moral, tiene un obvio sentido político: traza una línea clara y firme entre una derecha que condena el golpe y las consecuencias que le siguieron y otra que, por razones generacionales e ideológicas, se niega a hacerlo. Es como si el presidente hubiera, de pronto, dicho: hay una línea invisible entre nosotros (él y quienes están detrás suyo en el Gobierno) y ustedes (los cuadros tradicionales de la derecha, Larraín, Novoa, Melero, Cardemil)” (Peña, 2013).

El foco de la discusión enunció una crisis moral de la república construida desde 1990 contexto en que la memoria del pasado dictatorial cuestionó la calidad de la democracia y de la clase política que la había gestionado perfilando dos sectores; por un lado, una junta de beneficiarios del modelo, independientemente de su origen dictatorial o si se había construido en la postdictadura y, por el otro, una junta de acreedores o terceros indiferentes, constituida por la masa o la llanura (estado llano) cuyo ánimo había consentido el ejercicio ilegítimo del poder. Dando cuenta que en el período postdictatorial se habían desarrollado prácticas lesivas para la democracia que no se explicaban solo por el golpe, sino por una abdicación a principios democráticos de quienes habían sido mandatados para recuperarlos en el ejercicio ciudadano.

“La exigencia frontal para salir de una crisis de identidad moral es la sinceridad en la responsabilidad propia de aquellos que han conducido el proceso, la que no se exime por el pronunciamiento de la palabra perdón. Los modos republicanos e institucionales requieren de gestos y cambios en las propias instituciones, además de cambios generacionales en las representaciones, para airear la democracia” (El mostrador, 2013).

Estas prácticas se discutirían públicamente desde el 2015 denunciando el financiamiento ilegal de la política, un parlamento legislando para favorecer privilegios de grandes empresarios y la colusión y formas de extractivismo y el daño a comunidades denunciadas desde el 2013, que redundaron en acrecentar desigualdades y déficits de cohesión social y estarían en la base de la revuelta del 2019 (Rubio, 2020).

En el segundo mandato de Piñera (2018-2022), en un contexto internacional marcado por la expansión del uso de los derechos humanos (incorporada por el segundo gobierno de Bachelet), orientada a integrar el reconocimiento de comunidades diversas y su consolidación como Subsecretaría y posterior integración al Ministerio de Justicia y de Derechos humanos, se conservaron las memorias hegemónicas ya diseñadas y se dio curso a diversas iniciativas para propiciar con éxito variable disecciones discursivas para reducir el acceso al pasado reciente ya definido desde la guerra fría (en dispositivos curriculares), promover desde el parlamento limitaciones a la influencia del Museo de la Memoria y del INDH (2018)34 y también, proponer el proyecto fracasado de crear el Museo de la Democracia 2019 destinado a eliminar la memoria pública de la historia reciente y a perpetuar el régimen postdictatorial como una democracia legitimada. En el marco de la discusión de la propuesta, un intelectual de derecha columnista del diario El Mercurio y colaborador del CEP35 dijo:

“La idea es buena, un buen antídoto a la tendencia, de dimensiones a veces epidémicas, que tenemos en Chile de creernos dueños de la verdad. No hemos llegado a una guerra de todos contra todos, pero sí hemos vivido períodos de violencia, y en los últimos años, hemos padecido la prepotencia de unos dueños de la verdad de última generación. Si bien no violentos (no pretenden partirnos la cabeza con un hacha), nos han amenazado con retroexcavadoras, y nos han querido convencer que los consensos del pasado no eran sino el producto de transacciones miserables, en que se abandonaron principios sagrados nada más que para disfrutar del poder. Piñera, quien nos promete un gobierno moderado, abierto a los consensos, es la persona indicada para proponer un Museo de la Democracia. Nos hace falta. Hemos tenido períodos larguísimos de democracia exitosa en épocas en que algunos de los países más admirados de Europa vivían sometidos a monarquías autoritarias o a dictaduras fascistas. ¿Quién se acuerda hoy de eso? ¿A quién lo llena del orgullo que se merece? Para qué hablar de nuestra transición, que en 1990 inauguró 25 años de grandes éxitos. Allí compatriotas de todos los espectros, que se habían creído dueños absolutos de la verdad, tuvieron la humildad, la grandeza, la sabiduría de abrirse a verdades ajenas, de encontrarse con sus adversarios a mitad del camino. Es inaceptable que, por una suerte de chantaje moral talibán, propinado por mentes amargas, se represente a esta época como una de transacción cínica. Yo siempre he elogiado el Museo de la Memoria. Por otro lado, soy de los que piensan que en general deberíamos enriquecer nuestros pobrísimos museos existentes en vez de crear museos nuevos. Pero apoyo la iniciativa de Piñera. Si el Museo de la Memoria es necesario para evitar que se repitan atrocidades inexcusables, el de la Democracia lo es para que no se pierda lo logrado, sobre todo ahora que tantos políticos exhiben un preocupante desprecio por la democracia representativa. Pienso no solo en los asambleístas más o menos chavistas del Frente Amplio. Pienso en un Guillier cuando denuesta a los partidos políticos y, como populista clásico, pretende estar en contacto directo con la ciudadanía” (Gallagher, 2017).

La consolidación del llamado campo de memoria de los derechos humanos (Stern, 2013) conformado por investigaciones historiográficas36, de ciencias sociales37 y las producciones estéticas, junto con la ampliación de los trabajos de memoria sobre la prisión política y la tortura en sitios y comunidades de memoria contribuyeron a fortalecer la memorialización en la sociedad civil38. Conformando narrativas posicionadas desde una conciencia ciudadana basada en derechos y en formas de reconocimiento que recuperaría desde el presente neoliberal, las continuidades de la dictadura en las promesas fallidas de la democracia y el éxito económico prometidas por la transición. El recuerdo integró con diversos énfasis, la historia de la política de terrorismo de estado entre 1973-1990 como parte de un proyecto político, reconociendo prácticas y periodizaciones de la desmovilización y el exterminio de la izquierda y adherentes a la Unidad Popular, implementadas por los agentes de la dictadura (Villa Grimaldi, 2017).

Santiago du Chili, 2019. © João Pedro Doria Rossi Barreira

Santiago du Chili, 2019.

La producción de memorias expresada como militantes (jóvenes, partidos y movimientos), memorias desde perspectivas de género y disidencias en la dictadura (represión específica a estos grupos en el régimen), transmisiones generacionales de memorias de la dictadura, disputas de género en la postdictadura (que cuestionan las políticas aplicadas al sector y potencian su deconstrucción en pos de fortalecer su identidad) y violaciones de derechos en la historia reciente y en el tiempo largo, que convergen en un presente complejo y copado de experiencias de desigualdad promovió la elaboración de escrituras inter y transdisciplinares39. Conformando narrativas de memoria que establecen vínculos que se desplazan desde la historia nacional a la historia local e integran perspectivas de análisis que relevan conocimiento y cultura ya en desarrollo desde la década del 2000, que hoy se designan como “situadas”. Que vinculan el testimonio de la vida cotidiana dictatorial y la violencia, la estética y la política desde análisis culturales, visibilizando en el pasado y el presente a mujeres, niños, jóvenes y defensores de derechos, entre otros.

La ausencia de un nuevo marco oficial del recuerdo en este contexto de expansión de la memorialización expresa la agudización de la crisis del orden institucional neoliberal evidenciada por los diversos movimientos sociales desde el 2006 al 2019. En este contexto, el Museo de la Memoria desarrollaría entre el 2016 y el 2017 políticas de vinculación y educación territorial más activas que tensionarían los marcos del recuerdo oficial original (centrado en el estado y los informes de verdad) y a la vez, sus gestores serían cuestionados por no integrar perspectivas críticas sobre sus narrativas de memoria histórica:

“Brodsky61 es eminentemente justo en exponer las diferentes controversias sobre el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Santiago. Defiende con elocuencia su marco histórico basado en las Comisiones de Verdad que comienza con el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 y termina en 1990. El foco del museo es la memoria de la dictadura de Pinochet, sancionando el terrorismo de estado y su violación sistemática de los derechos humanos. Su misión es el archivo [,] la documentación detallada de ese periodo, no así la historia chilena con su racismo innegable y la violencia colonial/poscolonial. Yo mismo he tenido dudas sobre la exclusión de los años de Allende y la Unidad Popular en la narrativa del museo. De hecho, resulta interesante que, en los debates chilenos, la crítica al contexto histórico del museo se expresara tanto en la derecha como en la izquierda; en la derecha para justificar el golpe militar, en la izquierda para mantener vivo el recuerdo de Allende. La aporía de esta controversia da credibilidad al argumento de Brodsky en favor de dejar en suspenso el contenido político en la exposición museal, para destacar en cambio, el tema de las violaciones a los derechos humanos buscando un equilibrio entre ‘entender y recordar’. Al mismo tiempo, por supuesto, hay que decir que Allende no está totalmente ausente: su último discurso radial de La Moneda, al momento de ser bombardeada, inicia una sección que contiene poderosos testimonios a esos años” (Huyssen, 2018: 15).

Las violaciones masivas a los derechos humanos cometidas por Piñera en la revuelta social del 2019 marcaron el retorno activo del sello oligárquico dictatorial al imponer nuevamente formas de guerra total a escala nacional y territorial trascendiendo los espacios utilizados por la dictadura para torturar, encarcelar y asesinar. Esta vez, sin distinción de espacios ni edades ni a hombres, mujeres y niños se desplegó la violencia sobre los cuerpos, especialmente de las mujeres, a toda hora del día, siendo reproducida infinitamente por las redes sociales y, focalizándose con determinación en extirpar los ojos de los jóvenes. La violencia extrema trajo sin mediaciones discursivas el pasado dictatorial en el presente; “Cuando desperté, El golpe todavía estaba ahí. Augusto Monterroso62 (Villalobos-Ruminott, 2019). Creando una suerte de suspensión temporal que activó con más fuerza memorias sociales populares de la historia del siglo XX que se vincularon con las del presente. La vuelta de las prácticas dictatoriales no logró reducir las narrativas fragmentadas expresadas por las movilizaciones en las calles del país. Éstas, relevando al pueblo, dieron cuenta de sus luchas contra formas históricas de explotación social y realzaron su relación con las actuales, como el endeudamiento. Denunciaron las formas de violencia y el sometimiento a las mujeres en dictadura y en el presente y sus experiencias de vida cotidiana vivida como estado de excepción permanente, y la crítica al estado y al gobierno. Las que se expresaron de la siguiente forma:

“Disparan, violan y torturan, igual que en dictadura’, ‘Daniela Carrasco la Mimo, violada y asesinada’, ‘Pacos violadores ¡’, ‘Nos quitaron hasta el miedo!’, ‘Chile es su pueblo’, ‘Gobierno asesino’, ‘Quisieron enterrarnos, ¡pero somos semillas!’ Estado; ‘Cobre y Litio para salud vivienda y educación’, ‘El pueblo no saquea al pueblo. Renuncia Piñera’, ‘Que se vayan todos. La lucha continua’ y ‘Piñera dictador’, ‘no sentir rabia es un privilegio’, ‘Piñera está pedio.63’, ‘Si nos roban la historia, escribiremos una nueva’, ‘Confianza en la gente para escribir la constitución del pueblo’, ‘Asamblea constituyente ahora ¡’” (En Rubio, 2020: 224).

La crisis de régimen implicada en la revuelta del 2019 y la instalación de la represión y violación masiva de derechos humanos con las connotaciones ya descritas supuso, por una parte, el cierre del periodo y a la vez el retorno de la amenaza dictatorial y la pérdida de derechos. Un retorno de este pasado, no como evocación sino como facticidad en el presente. Una nueva repetición de una historia sin narrativas explicativas. El acuerdo político que abrió el proceso constituyente dio paso a una inflexión en la cual los defensores de la dictadura y postdictadura se enfrentaron con quienes aspiraban a la transformación.

La nueva propuesta constitucional fue recientemente rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Aun se discuten explicaciones asociadas a la desconexión de las elites gobernantes e intelectuales con los intereses del pueblo. El tránsito desde el año 2019 ha sido complejo en medio de dos años de pandemia (encierro prolongado) y de una crisis económica cada vez más aguda. Los defensores del régimen en crisis desplegaron en redes estrategias de post verdad que trajeron nuevamente el pasado reciente dictatorial y postdictatorial como una crisis vinculada a la izquierda. Mientras, la producción de memorializaciones continua. No hay relato oficial posible, solo algunas evocaciones del presidente Boric a Allende y otros líderes democráticos del siglo XX con los cuales procura vincular históricamente su proyecto de gobierno debilitado en un contexto altamente complejo.

Algunas consideraciones finales. Entre un pasado en construcción y un presente en desintegración

La emergencia de las elaboraciones del pasado reciente y sus disputas públicas en el periodo 1990-2022 se inscriben en torno a un pasado de catástrofe marcado por el golpe de estado de 1973 y la instalación de la reversa histórica (retroceso presentado como progreso) conservadora neoliberal en la dictadura pinochetista. Las posibilidades de elaboración del recuerdo en el periodo se despliegan altamente tensionadas por las propias contradicciones que residen en su propio origen marcado por el terrorismo de estado y las políticas de deshumanización para consolidar el orden neoliberal excluyente y desigual. Las disputas entre la memoria hegemónica centrada en el estado y la guerra fría y las narrativas basadas en la memorialización social muestran los tránsitos de la integración de la verdad de las violaciones de derechos humanos, hechos que se desplazaron desde un modo de verdad innombrable y metafísica en el gobierno de Aylwin, también asociada al miedo impuesto por el pinochetismo (castigos), hasta su integración como acontecimiento, pero que aún requiere de una explicación histórica que la sustente públicamente. Del mismo modo, las categorías cristianas de perdón y reconciliación evidenciaron un vaciamiento de uso y de sentido hasta desaparecer del debate público. La emergencia de diversas formas de memorialización, testimonial, biográfica, deconstructiva, colectiva, de género, etnia, territorial, etc., junto con el campo de memoria de los derechos humanos ha mostrado más dinamismo y producción desde la década del 2000 hasta el presente. Podemos decir, que las memorializaciones sociales potenciaron su incidencia en la discusión pública mientras la narrativa hegemónica se vaciaba de sentido en medio de la crisis de régimen. Estas memorializaciones articularon diversas configuraciones ciudadanas, las izquierdas del siglo XX, las demandas de justicia y restitución de la ciudadanía vulnerada en dictadura y, las de diversos movimientos sociales de la postdictadura.

El ciclo en que el pasado de la Unidad Popular y de la dictadura cívico militar regresaron al presente (1990-2010), se basó en una memoria hegemónica de guerra fría (incluyendo la naturalización de la violencia y la decadencia del estado republicano), la cual con una débil integración de los derechos humanos como referente de la cultura política operó para reducir las responsabilidades de la clase gobernante y mantener los acuerdos en un marco oligárquico de la política que permitió la coexistencia de un sector conservador y pinochetista y otro, llamado de centro izquierda en la democracia neoliberal. A esta forma de recuerdo se opusieron los movimientos de defensa de las victimas a través de la demanda de verdad y justicia en tribunales y mediante la apelación a una memoria política y de los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado y de militancias de izquierdas, proyectados a través de diversas producciones y organizaciones. Esta última, lideró hitos de disputas de memoria en 1991, ante el Informe Rettig; en 1998, por la detención de Pinochet en Londres, en el año 2003, en medio de la conmemoración de los 30 años del golpe militar (restituyendo al líder del pueblo, Salvador Allende) y, resistió éticamente a las estrategias de perdón implementadas por el sector conservador. Conformó memorias testimoniales del horror en medio de la implementación del programa “No hay mañana sin ayer”, la declaración del “Nunca Más del Ejército” (2003) y en la discusión abierta por la publicación del Informe Valech (2004). La narrativa oficial de memoria no fue exitosa para cohesionar a toda la sociedad, las memorializaciones basadas en verdad y justicia que suponían restituir en el presente (oligárquico) a una ciudadanía vulnerada, resistieron a estas explicaciones desde sus experiencias y análisis en desarrollo.

En cuanto al segundo ciclo (2010-2022) el regreso del presente al pasado, continuó con una ciudadanía del siglo XX que demandó verdad y justicia fortalecida por las investigaciones del campo de memoria de los derechos humanos que aportó marcos de análisis y visibilizaciones sobre los procesos dictatoriales y sus impactos sociales. A este se agregaron nuevos movimientos ciudadanos orientados a denunciar la continuidad entre la dictadura y los procesos transicionales como formas políticas asociadas a la clase gobernante para consolidar desigualdades y privilegios. La expansión de memoria en este ciclo propició, desde el 2011 en adelante, la socialización de las políticas de exterminio desde las experiencias vitales y múltiples producciones de memorias situadas, territoriales e identitarias de diversos agentes sociales que recurrieron al pasado reciente y a otros pasados para fortalecer sus visiones y acciones como movimientos sociales. Un hito critico fue la conmemoración de los 40 años del golpe de estado (2013) al cuestionar éticamente a la clase dirigente y sus políticas oligarcas. También se promovió, la crítica (2018) a las agencias vinculadas a la memoria oficial (Museo de la Memoria e INDH). Los sitios y comunidades de memoria tuvieron un rol determinante en articular estos dos movimientos mediante una estrategia constante de relacionar el pasado y el presente.

Una cuestión indudable ha sido el recurso a la memoria y a los derechos humanos en todo el ciclo postdictatorial tanto de las políticas de memoria como en las formas de memorialización social. Considerando la crisis aguda del régimen y sus persistencias desde el año 2019 hasta el 2022; podemos constatar desde el análisis de las memorias que el antecedente más directo de esta se evidenció desde la conmemoración de los 40 años, el año 2013 al desvanecerse la memoria hegemónica de la guerra fría y las retoricas vacías del perdón ante el peso de las experiencias testimoniales de la represión (televisión y documentales) socializadas masivamente. En este contexto, por una parte, la sociedad regresó al pasado para rememorar la deshumanización y por otra, cuestionando el presente, sostuvo una dura crítica ética a la clase política gobernante. Un punto a destacar desde este presente 2022, es que, si bien las memorializaciones sociales recientes integran los derechos humanos como referente para demandar sus reconocimientos, estos últimos se han elaborado más bien de modo experiencial y asociados a perspectivas sectoriales, requiriendo aun de ciertas consolidaciones para contraponer su legitimidad y reconocimiento efectivo como parte de un colectivo unido ante las formas neoconservadoras y fascistas en curso, que han procurado sin éxito, instalar negacionismos e implantar nuevas formas de guerra total.

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1

Traverso (2019) utiliza el concepto Violencia global para referirse a las formas de violencia desplegadas en las dos guerras mundiales del siglo XX y sus derivadas en la descolonización y la guerra fría. Estas se caracterizan por implicar a extensos territorios, un gran número de población, promover el exterminio del opositor y desplegar prácticas deshumanizantes basadas en la tecnología industrial para imponer un nuevo ordenamiento político, económico y cultural a los vencidos.

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2

Un orden caracterizado por reeditar perspectivas regeneracionistas decimonónicas de la nación basadas en el exterminio del enemigo y fundado en una religiosidad que dotaba de redencionismo al terrorismo de estado implementado. Fueron rasgos propios de los fascismos latinoamericanos (Traverso, 2019: 171).

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3

El 18 de octubre de 2019 abriría paso una protesta social transversal, diversa, masiva y sostenida contra las desigualdades instaladas por el neoliberalismo en la sociedad chilena. Ante ello, las elites evidenciaron su resistencia y debilidad para procesar los conflictos derivados de profundas desigualdades consolidadas en los últimos 30 años y su incapacidad para responder a las demandas sociales en un marco democrático participativo. El Estado neoliberal cooptado por las élites ha fortalecido la debilidad de lo público como referente compartido y ha promovido la mercantilización e individualización de la vida, agudizando la disociación entre la política y lo político (Bargsted, M. y Somma, N., 2018). Diversas protestas evidenciaron la crisis del modelo; la del 2006 con el Movimiento Pingüino – movimiento de estudiantes secundarios contra el estado subsidiario en educación que promovió la competencia y profundización de la segmentación educativa y la desigualdad social. Le siguieron las protestas a escala nacional y territorial del ciclo 2011-2018, conformadas por diversos grupos (movimientos indígenas, territoriales, ecológicos, feminista, etc.), que plantearon demandas económicas, culturales, políticas e institucionales. Se considera que la ausencia de cohesión no ha permitido hasta ahora procesar estos conflictos para promover transformaciones que consoliden una sociedad más democrática socialmente (conflictos económicos) y políticamente (conflictos políticos-institucionales) y, un mayor reconocimiento a su creciente pluralidad y diversidad interna (conflictos culturales) (Basaure y Joignant, 2019).

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4

Año en que se conmemoraron treinta años del golpe militar de 1973.

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5

Forman parte de narrativas historiográficas conservadoras caracterizadas por su fuerte densidad y transversalidad en el uso social y académico. Ver Rubio, 2022.

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6

Como veremos, las discusiones y definiciones de las memorias disputadas son promovidas por iniciativas tanto estatales como de la sociedad civil. facebook.com/ReddeSitiosdeMemoria ; villagrimaldi.cl/londres38.cl

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16

El proyecto constitucional de 2022 integró en sus disposiciones generales la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos.

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17

En quienes se aplicó la mayor omnipotencia y la “conciencia única” de los tribunales de guerra.

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18

Se acompañó del uso de retóricas públicas cristianas como “el martirologio” para justificar el dolor. El discurso del ex presidente Aylwin y sus asesores consideró la nación como una entidad única, constituida por seres creados por Dios, en una trayectoria histórica definida por la búsqueda de la salvación, en la cual dada la propia experiencia histórica del “pueblo cristiano “es posible transitar por el martirologio. El perdón operaría como restaurador de la democracia y como medio para la reconciliación. No obstante, la realidad se impondría más decididamente, dado que no habría arrepentidos y los familiares de las víctimas no perdonarían y exigirían justicia (Rubio, 2013).

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Alude a la atemporalidad en que quedan los detenidos desaparecidos, el absurdo de la desaparición, los límites jurídicos y las opciones recreadas como secuestro permanente.

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Basada en un discurso decimonónico conservador hispanista, centrado en el orden del estado y el poder de las elites virtuosas. Refractaria a la participación y a los derechos del pueblo. La experiencia histórica de nuestro país ha entendido reconciliación en términos políticos, como dominación de los vencidos, involucrando un aprendizaje estratégico sobre cómo utilizar los medios y mecanismos (conmutaciones de penas, indultos, amnistías, retorno de exiliados, con o sin reparación) para restablecer la normalidad del Estado, en desmedro del ciudadano y la memoria. La ruptura política de 1973 y el retorno a la democracia en 1990 habrían dado paso, otra vez, a una reconciliación; sin embargo, ésta no podría llevarse a cabo, en esta oportunidad, de acuerdo con la tradición histórica de sometimiento del vencido, en tanto que el respeto a los derechos humanos se antepuso como fundamento para una reconciliación entre iguales.  Posición que, en 1990, Sergio Fernández (ex colaborador de Pinochet), procuró restituir como una continuidad republicana de la amnistía, sujeta al orden oligárquico, basada en la subordinación y pacificación: “En los últimos 25 años, ha venido dándose en nuestro país un hecho anómalo a nuestra historia; la mantención de una gran herida abierta por los odios políticos en la unidad de la nación. Hasta mediados de 1860 los conflictos civiles habían sido excepcionales, breves y pronto dejados atrás por una rápida reconciliación […] Jorge Montt (1891) el mismo día que asumió el poder, fue a promulgar una ley de amnistía para todos los delitos políticos cometidos durante la guerra civil que había costado 10.000 bajas. Borrar rencores, ese fue el principio básico, siguiéndolo pudo el país cerrar sus heridas pronto, y sin Huellas. Hoy ese principio parece sofocado por odios que se acumulan desde hace ya un cuarto de siglo. Nuestra actitud frente a nuestros propios connacionales, durante dos décadas y media, no ha sido de búsquedas de conciliación y la convivencia, sino el azuzamiento del odio recíproco. […] si optamos de verdad, por la reconciliación estamos optando por un país de entendimiento en el que no cabe la persecución de los unos y la indulgencia para los otros” (Fernández, 1990:14). Fue ministro del interior en la dictadura y senador designado por Pinochet de acuerdo a la constitución de 1980 entre 1990 y 1998 y luego, senador electo mediante el sistema binominal de la misma entre 1998-2006.

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El pragmatismo político y una visión salvacionista de la historia, que inhibe el respeto de los derechos humanos como principio de la convivencia, limitaron las políticas de la memoria y la restitución de la democracia. En el 2007, Aylwin afirmó que ya no se podría saber más sobre los desaparecidos: “por la sencilla razón de que los mataron y lanzaron los cadáveres al mar” (…). “No es por relativismo, sino por realismo […] si uno mira lo ocurrido en este país después de la dictadura, frente a cualquier otro, no hay nadie que nos pueda dar lecciones de haber hecho más para esclarecer la verdad y establecer responsabilidades” (Aylwin, 2007). Entrevista. El Mercurio. Santiago, 26 de agosto.

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22

Carta elaborada por la derecha pinochetista para apaciguar los intensos debates abiertos por la prisión y juicio de Pinochet en Londres y sus efectos en la estabilidad del estado y el orden establecido. La misiva representaba a un Pinochet con una mirada histórica “reflexiva” y pidiendo perdón: “Quienes creemos en el perdón y en la reconciliación verdadera, tenemos que seguir trabajando duramente por el futuro. No está lejano el día en que una nueva generación de compatriotas, al poner sus ojos en la historia de su país, descubra la verdad de la gesta que permitió la construcción de una sociedad de chilenos libres y dignos, de una Patria mejor para todos y no para un sector o para un partido, como estuvimos a punto de vivir” (…). “He sido objeto de una maquinación político-judicial, artera y cobarde, que no tiene ningún valor moral. Mientras en este continente, y específicamente en los países que me condenan mediante juicios espurios, el comunismo ha asesinado a muchos millones de seres humanos durante este siglo, a mí se me persigue por haberlo derrotado en Chile, salvando al país de una virtual guerra civil. Ello significó tres mil muertos, de los cuales casi un tercio son uniformados y civiles que cayeron víctimas del terrorismo extremista. Soy falsamente juzgado en numerosos países europeos, en una operación dirigida por quienes se dicen mis enemigos, sin que exista por lo mismo la más remota posibilidad de que quienes me prejuzgan y condenan lleguen a comprender nuestra historia y a entender el espíritu de lo que hicimos. Soy absolutamente inocente de todos los crímenes y de los hechos que irracionalmente se me imputan. Sin embargo, temo que quienes lo hacen nunca estuvieron ni estarán dispuestos a darse a la razón y aceptar la verdad” (Carta a los chilenos, 1998).

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23

Según Wilde (2014), el programa de Derechos humanos del ministerio del interior creado en 1996 venía apoyando silenciosamente el desarrollo de las causas de justicia comenzaba a dar efectos. La unidad sería potenciada por el gobierno de Lagos (2000-2006).

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24

Hecho acrecentado por el caso Riggs, que evidenciaba el robo perpetrado al estado por Pinochet y su familia en el 2004.

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25

Contemplaba también, un encuentro entre perpetradores y familiares para estos últimos perdonar a los primeros.

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El gobierno de Lagos procuró recuperar la memoria republicana a través del “blanqueo de La Moneda”. La casa de gobierno fue pintada de blanco y ello dio otra fisonomía a la construcción gris, bombardeada en 1973. El presidente, en ritual televisado, reabrió simbólicamente la entrada a la casa de gobierno, por la puerta de Morandé 80 (2003) que antaño utilizara el presidente Salvador Allende. Para algunos, el “blanqueo de La Moneda” es una limpieza de imagen que propende al olvido no consensuado.

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27

Visión que sería invalidada judicial y moralmente por la acusación al General Juan Emilio Cheyre de participar en violaciones a derechos humanos cometidas en la llamada “Caravana de la Muerte”, destacamento militar encabezado por el general Sergio Arellano Stark que recorrió el país en los primeros años de la dictadura para asesinar y desaparecer a los prisioneros políticos. Cheyre fue acusado como cómplice del secuestro y homicidio de 15 personas. Los hechos ocurrieron en octubre de 1973 en el regimiento de La Serena cuando éste era teniente. Dirigió el ejército entre 2002-2006, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile y luego se integró a la directiva del Registro electoral que debió dejar al ser investigado en el año 2016. Fue procesado y condenado a tres años de presidio por encubrir fusilamientos en el año 2019. apnews.com

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28

Precedido de la ley que creaba el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2009.

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Posición elaborada por Allamand el mismo artífice de la política de los acuerdos que puso límites a las reformas al sistema democrático establecido desde los años 90, los cuales debían proponer como realizables cambios aceptados por el pinochetismo y la concertación. Ver tránsitos de diversos personeros entre la dictadura y la democracia en Del Pozo, José. “Diccionario Histórico Político de la Dictadura Cívico Militar en Chile. Período 1973-1990 y sus prolongaciones hasta hoy”. Santiago, LOM. 2018.  La reconversión del perdón postulado hacia 1990, ahora en clave neoliberal, aparece como un acto de conciencia individual no regulado, ética ni jurídicamente. La responsabilidad asumida comparte con el perdón su carácter personal y libre; cabe entonces “esperar” que quienes han atentado contra los Derechos humanos (debido a la sobre ideologización que “otros” comenzaron) decidan asumir su responsabilidad. Se consolida una comunidad política que legitima la exclusión de los derechos ciudadanos de unos, como argumento de reconciliación efectiva: la responsabilidad que se asume en contraposición a la responsabilidad que se exige-es un acto voluntario, unilateral, veraz y autocrítica. La responsabilidad que se asume es propiamente política y se distingue del perdón en cuanto éste es un acto personal y de carácter eminentemente moral y, por lo tanto, no exigible. Nadie puede ser obligado a perdonar y el perdón que se pide por obligación carece de todo significado (Allamand, 2005).

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Los movimientos de familiares de Detenidos Desaparecidos; movimientos de la Iglesia Católica; el Instituto de Nacional de Derechos Humanos; el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y los movimientos sociales emergentes por la educación, entre otros ya señalados.

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Referida a todas las acciones organizadas, ejecutadas y financiadas por el estado para sostener espacios en que desarrollar la prisión, tortura, exterminio y desaparición de personas en todo el país dirigidas por la dictadura. Ver el concepto propuesto por Adorno, Th. en “Qué significa elaborar el pasado?”, Ensayos de la propaganda fascista. Psicoanálisis del antisemitismo, Buenos Aires, Paradiso Voces y cultura, 2005.

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La miniserie aborda la historia de la abogada de larga trayectoria en la lucha por los Derechos Humanos, Carmen Hertz. La historia se cuenta en dos épocas; la primera, en los años de 1970, describe su vida familiar mientras vive el “tanquetazo”, el golpe militar y muy de cerca la llamada Caravana de la muerte, comitiva militar al mando del general Sergio Arellano Stark, que recorrió los campos de concentración del país para asesinar y hacer desaparecer a 97 prisioneros políticos, entre los que se encontraba el marido de la abogada, miembro del gobierno de la Unidad Popular. La segunda etapa muestra a una Carmen Hertz adulta, que lucha por recuperar el cuerpo de su marido, y por la justicia. La serie, junto a otros programas, fue de alto impacto y puso de relieve la verdad de la política de Campo. A estas producciones se han agregado las obras de Patricio Guzmán, Nostalgia de la Luz, 2010, El botón de nácar, 2015, la cordillera de los sueños, 2019 y mi país imaginario, 2022, las cuales exploran la densidad de la memoria de la experiencia de reversa histórica y de violencia concentracionaria. En la televisión abierta también se expusieron programas que abordaron diversos periodos de la represión dictatorial en el que se integraron los testimonios de víctimas y se situó el Museo de la Memoria como referente del recuerdo. “Chile, las imágenes prohibidas” (2013) Y la serie, “Los archivos del Cardenal” que recuperaba la historia de la Vicaría de la Solidaridad desde la perspectiva de los defensores/as de derechos humanos en medio de la política de exterminio (2011).

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La acusación se realizó a través de la televisión por un hijo sobreviviente, quien en septiembre de 2013 exigió su renuncia, derribando la política de acuerdos y ajustes entre los gobiernos de la concertación y los militares.

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En una carta enviada al ministro de Justicia de su conglomerado (Hernán Larraín), un grupo de diputados buscarán presionar al Gobierno por asumir un rol protagónico en temas de Derechos Humanos en medio de tensiones evidentes entre las posiciones ideológicas conservadoras y la ampliación de derechos demandada por diversas organizaciones. Los parlamentarios como Juan Antonio Coloma Álamos, Gustavo Sanhueza y Nino Baltolu declararon, «Durante los últimos meses hemos visto cómo la agenda en materia de Derechos Humanos ha sido tomada por los sectores de izquierda en Chile. Y eso se ha visto reflejado en el proyecto de ley que buscaba entregar una nueva reparación económica a los beneficiados con la Ley Valech. Indicaban que el rol de la subsecretaría de DDHH, debía ser reforzado al presentar iniciativas en la Cámara de Diputados para fortalecer la defensa del gobierno y del sector al cual representa, y “no transformarse en comparsa de la oposición”. Esto debido a que la subsecretaria había anunciado que el gobierno respetaría el Acuerdo de Solución Amistosa conseguido con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, tras la demanda presentada por este ante la CIDH, que contemplaba entre otras medidas la promoción de una Ley de Identidad de Género y Matrimonio Igualitario. También, solicitaron que organismos como el Museo de la Memoria o el Instituto Nacional de Derechos Humanos mantuvieran una “condición neutra y de estado, más allá del gobierno de turno”». Y propusieron la salida inmediata del director del Museo de la Memoria, para que el cargo fuera asumido interinamente por una persona técnica y no política, para que el museo fuera un lugar de encuentro y “con mirada de futuro”.

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Centro de Estudios Públicos (Cepchile.cl) Centro de investigación liberal creado en la dictadura 1980. Se caracteriza por generar temas de discusión, desarrollar estudios y divulgación especializada sobre políticas públicas, ideologías y procesos desde la dictadura hasta el presente. Sus directores han sido ministros y colaboradores de los gobiernos de derecha.

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Las producciones orientadas a historizar la memoria se expandieron desde el año 2003 en diversas editoriales de alta difusión. Componiéndose de relatos biográficos y autobiográficos que integraban el pasado dictatorial y el presente. El año 2008 con motivo del centenario del nacimiento de Salvador Allende, esta tendencia seguiría en alza. Ver Winn et al., 2014: p. 205-326.

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Existen diversos programas de investigación tales como, el Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos. Este surge en 2016 con el fin de abordar de manera interdisciplinaria y colaborativa, el estudio de los efectos políticos, sociales, psicológicos, culturales y jurídicos de episodios masivos de violencia política, así como la construcción y manifestación de los procesos de memoria. Está integrado por diversas unidades académicas de la Universidad Alberto Hurtado, que realizan investigaciones en que convergen diversos saberes y experticias. El programa organiza actividades y participa en redes de trabajo nacionales e internacionales, para reunir perspectivas, actores, comunidades y formas de incidencia sobre un problema complejo y desafiante, que tiene como horizonte el respecto a los derechos fundamentales.

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El año 2017 diversos sitios de memoria fueron patrimonializados con la finalidad de conservar sus espacios como evidencias de un Patrimonio de los derechos humanos y para protegerlos del avance de las inmobiliarias y políticas de gentrificación neoliberal.

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Algunas de las producciones más recientes, sobre literatura y memoria que introducen procesos vivenciales de hijo de exiliados implicados en la historia reciente, Fajardo Marco, Mi exilio dorado, LOM Santiago 2021. Experiencias de crecer en un pueblo o provincia, Rivera Vladimir, En el pueblo hay una casa pequeña y oscura, La Pollera, 2021. Textos que vinculan pasado reciente y estallido 2019; Meruane Lina, Zona ciega, Random House, 2021. Crónica política, crítica literaria y relato biográfico, Délano Manuel Alaniz Sebastián Trajtememberg y Cuevas Cristian, Los años que dejamos atrás. 1988-1990. La transición chilena, Catalonia, 2021. Aborda a jóvenes mujeres y niños que lucharon por la democracia en los años 80 y fueron desplazados por las negociaciones políticas de la concertación y se proyecta con la postdictadura y el estallido como un regreso del fenómeno en las nuevas generaciones. Prólogo de María Olivia Monckeberg. Memoria terrorismo de estado y deshumanización, Guzmán Nacy, La venda sexy. La casa de la calle Irán 3037. Crónica de un centro de tortura, Santiago, Montacerdos editorial, 2021 y Bonnefoy Miralles Páscale, Rodrigo Rojas De Negri. Hijo del exilio, Santiago, Pengui Random House editorial, 2021. Memorias izquierdas, Vinculando juventudes de los 60, 80 hasta el movimiento Pingüino y la revuelta de 2019, en Vidaurrazaga Manríquez Ignacio, El Mir de Miguel. Crónicas de Memoria, vol. 1, 1960-1972, Negroeditores y 2021, Vidaurrazaga Manríquez Ignacio El Mir de Miguel, Crónicas de Memoria. Vol. 2 1973, Negroeditores, 2021. De feminismo en dictadura Lorenzini Kena y Cinthia Shuffer, Nuestra urgencia por vencer. Fotografías de la lucha de mujeres contra la dictadura, Ocho libros editores y el Ministerio de las Culturas y las Artes, Santiago, Fondart 2019. Sobre Género, en textos híbridos dialogados entre historiadoras del arte y las entrevistadas sobre biografías de mujeres artistas en la dictadura y postdictadura, Egaña Lucia y Varas Paulina, Una cartografía extraña. Producciones narrativas entre migración y arte, Santiago, Ediciones de Metales Pesados, 2021. Biografías de mujeres artistas en la postdictadura y dictadura. Montero Claudia y Goecke Ximena (editoras), Entramado desafiante. Memoria, feminismo y arte, Centro de Estudios Interdisciplinarios sobre Cultura Política, Memoria y Derechos Humanos-Universidad de Valparaíso, 2022 y Grupo de investigación y lecturas feministas de Valparaíso, Nuestras memorias: poéticas, políticas y feminismos. Conversatorios feministas 2018-2019 en Valparaíso, Edic libros del Cardo Chile, 2022. También, se presentan Memorias siglo XX, Ilabaca Gonzalo, Valparaíso de noche y las siete vidas de Eugenio Carramiñana, Narrativa punto aparte, Expedientes, Valparaíso, 2021 (historia de una vida) y Memorias étnicas y territoriales, Villena Velen, Loncón Elisa, Molineaux Benjamín, Kufike Awkin Dungu en Ecos de voces antiguas. Textos de la tradición oral mapuche recopilados a fines del siglo XIX, CIIR Pehuén editores, 2021. Hucke Atan Ida Luz Liza Abarca Fernanda, El Moai que habla, Rapanui press, 2021 y Cisternas Esteban Contreras Rafael y González Daniel, El mar está dentro de mí. Loncura, el baile chino y la fiesta de San Pedro, Kamayok, 2021.

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Ricardo Brodsky fue director del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos y debió renunciar a su cargo al haber emitido boletas llamadas ideológicamente falsas en el marco del financiamiento ilegal de la política en el cual se involucró la empresa SQM y un amplio espectro del sistema político.

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Epígrafe utilizado poéticamente por el filósofo chileno Sergio Villalobos Ruminott parafraseando al escritor para abordar la totalidad de la experiencia dictatorial que volvía en los días de octubre del año 2019.

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“Está pedio”: jerga popular para señalar que la cabeza del presidente tiene precio o se ofrece a quien quiera destituirlo y eliminarlo.

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