La nomenclatura urbana es una de las primeras formas de gestión del pasado que implementaron las repúblicas sudamericanas tras las independencias, y una de las más presentes en la vida cotidiana de las personas. Como política conmemorativa, se fija sin mayor discernimiento en la memoria colectiva. En sus letreros o “lápidas callejeras” como los definía en 1925 el escritor y político uruguayo Gustavo Gallinal (1889-1951), están “los presuntos nombres máximos y representativos del país. Los repiten antes de aprender a leer los niños, vuelan de boca en boca, alcanzando la más extensa y popular de las consagraciones”1.

No todas las capitales de la región usaron la nomenclatura para “condensar la historia del pueblo que presiden”, como resumía el autor citado. Algunas adoptaron racionales sistemas georreferenciales con números, letras y puntos cardinales, persiguiendo una neutralidad política o el sueño moderno de una ciudad sin lastre, es decir, sin nada para recordar u olvidar. Los ejemplos de La Plata2 en 1882 y Brasilia en 1960, son claros al respecto. Pero si la mayoría optó por darle al asunto un sentido pedagógico, con el paso del tiempo debieron lidiar con un efecto inesperado. Como pasó con los feriados patrios, la omnipresencia cotidiana generó una paradójica invisibilidad por desconocimiento: pocos “usuarios” recuerdan quiénes fueron aquellos cuyos nombres repiten a diario, y muchos menos conocen bajo qué auspicios y designios fueron elegidos.

Los estudios sobre la nomenclatura de Montevideo han atendido el primero de estos problemas, y en menor medida el segundo. Desde la aprobación del primer nomenclátor republicano en 1843, hubo conciencia de la necesidad de explicar el sentido de cada nombre. Las autoridades impulsaron publicaciones del tipo “quién es quién”, en 1902, 1919 y 1961 que fueron dando cuenta de las calles, avenidas y plazas que se multiplicaban conforme se expandía la ciudad. Nomenclatura de Montevideo (1962) encomendado al historiador Alfredo Castellanos, fue el último gran esfuerzo, con varias actualizaciones, la última, de 20003.

 Con respecto al segundo aspecto, si bien desde fines del siglo XIX la nomenclatura ha sido muy debatida, pocos estudios abordaron su gestión -decisiones y criterios que pautaron las designaciones- y están concentrados en el nomenclátor de 1843, que con “perforaciones” se mantiene en el casco histórico y centro de Montevideo4. El estudio más reciente es el de Fabio Wasserman5 y analizó ese plan desde un abordaje de historia intelectual y en relación a los esfuerzos de construcción de un relato histórico por parte de la intelectualidad sudamericana decimonónica. Se trata de un antecedente fundamental del artículo que aquí se presenta. El mismo estudia la nomenclatura montevideana atendiendo los actores, instrumentos y circunstancias históricas y urbanísticas que influyeron en su configuración, de modo de explicar cómo la toponimia resultante dialogó con el presente que la definió y el pasado que evocó. Se inscribe en una línea de investigación que ya ha arrojado numerosos trabajos, sobre los nombres de las calles como política de memoria históricamente situada6.

El período abordado va del primer nomenclátor republicano, a la conmemoración de su centenario en 1943, esto es: desde los primeros esfuerzos por construir una narrativa histórica que aportara al qué somos, cuando aún no existía una historia escrita, a la emergencia de un revisionismo histórico en la década de 1940 que tomó a la nomenclatura como uno de sus “campos de batalla”. El abordaje incluye el análisis del tema en relación a otras políticas conmemorativas con las que la nomenclatura coincidió y confluyó.

El inicio de la vida republicana estuvo marcado en el Estado Oriental (el nombre Uruguay será de uso posterior) y más concretamente en su capital, Montevideo, por la destrucción de las murallas que habían signado la identidad colonial de la ciudad como enclave militar en la lucha de los imperios iberos. La decisión de abrir el espacio urbano fue adoptada por la Asamblea Constituyente en 1829, antes incluso que se jurara la primera constitución, el 18 de julio de 1830. Entonces se encargó al geógrafo y cartógrafo José María Reyes7 un plano de Montevideo que proyectara una “ciudad nueva”, que con sus 136 manzanas duplicó a la que pasó a ser conocida como “ciudad vieja”. La urbe proyectada era un gesto de enorme optimismo y fe en el progreso, si se considera que lo que había más allá de los muros de la ciudad eran algunas construcciones precarias y caminos de tierra marcados por el trajinar de las carretas.

La ocupación y edificación en el nuevo amanzanamiento se fue dando a la par de la llegada de miles de inmigrantes, que convirtieron a Montevideo en una verdadera cosmópolis. Entre 1829 y 1843 la ciudad triplicó sus habitantes, que llegaron a los 32 mil, de los cuales poco más de un tercio eran orientales8. La aprobación de la nueva nomenclatura en 1843 respondió a necesidades prácticas de orden y organización de una ciudad en expansión que entonces tenía decenas de calles sin nombrar, y en la que las casas, sin numeración, eran conocidas por el nombre de sus propietarios. Pero fue también un acto fundacional, tan simbólico como la destrucción de las murallas, y que buscaba aportar a la construcción de una identidad nacional y republicana en quienes habitaban el nuevo estado.

La toponimia urbana secundó así a la cartografía como mecanismo por excelencia de apropiación simbólica del territorio. Ambas operaron juntas cuando estado y nación eran entidades proclamadas antes que realidades consolidadas. En ese sentido, la nomenclatura puede considerarse una de las escrituras de la modernidad, que sirvió a la construcción de lo que Benedict Anderson llamó comunidades imaginadas9.

La operación suponía borrar de la ciudad los rastros de la colonia. Desde su fundación, Montevideo tuvo dos nomenclaturas. En 1730, el Cabildo nombró las 14 calles iniciales con referencias en uso. Estaban las calles de la fuente, de la Iglesia, del Puerto Chico. También la del Gallo, la Traviesa, la Media Calle y la Entera. En 1778, cuando Montevideo tenía 900 casas y 4270 habitantes, se resolvió que las 21 calles de entonces adoptaran el santoral católico (calle San Pedro, San Sebastián, San Juan, San Gabriel, etc.). Ese nomenclátor se mantuvo 65 años. Fueron tiempos especialmente convulsionados en los que Montevideo pasó de ser colonia española (1730-1814), con un breve período de dominio británico en 1807, a Provincia Oriental Autónoma bajo el liderazgo de José Artigas (1815-1817), para luego ser invadida por Portugal y convertirse en Provincia Cisplatina (1821-1828) lusitana primero, brasileña después, con una declaración de independencia y de unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata (agosto de 1825) que llevó a la guerra con Brasil, la que terminó con la mediación británica y la ratificación de un acuerdo de paz (octubre de 1828) que resolvió crear un estado independiente.

El gobierno de Fructuoso Rivera (1830-1834), dio los primeros pasos en materia de políticas conmemorativas con la aprobación de la ley de festejos patrios en 1834. Frente al complejo proceso emancipador, se optó por elegir dos fiestas mayores y dos medias fiestas. Las primeras fueron 25 de mayo (declaratoria de la independencia en 1810 del antiguo Virreinato del Río de la Plata) y 18 de Julio (jura de la Constitución), y las medias fiestas el 20 de febrero (Batalla de Ituzaingó contra Brasil en 1827) y el 4 de octubre (ratificación del acuerdo de paz en 1828)10. Con respecto al nomenclátor, el tema comenzó a tratarse en 1835 en el gobierno de Manuel Oribe (1835-1838), cuando el periódico El Moderador inició un debate para elegir “los nombres históricos de los lugares en que las armas republicanas obtuvieron los triunfos, a que debemos nuestra libertad e independencia: los de los héroes, que después de conseguida esta, han muerto en defensa de las leyes y del orden constitucional (no nos parece personas aún vivas); y finalmente, los nombres de los demás estados del continente americano, con quienes formamos una misma familia”11. Circularon entonces distintos listados donde ya aparecían excepciones a la regla pretendida (calles con el nombre de Rivera, entonces en plena actividad política). En 1837 Oribe buscó avanzar y encargó a una comisión de nomenclatura definir los nombres “que eternicen la memoria de las épocas y lugares célebres de la Patria […] en armonía con los recuerdos gloriosos de la independencia nacional, con el grado de civilización y de engrandecimiento en que debe aparecer la capital del Estado, y con lo que reclama el progreso de su población y su comercio”12.

Debido a la inestabilidad política, la comisión no llegó a expedirse y el tema quedó postergado. En 1836 Rivera se levantó en armas contra el gobierno de Oribe iniciando un período de guerras civiles que se extendió hasta 1876 (aunque hubo levantamientos hasta 1904). Entonces se enfrentaron dos facciones identificadas por el color de la divisa de sus combatientes, blanca (partidarios de Oribe) y colorada (seguidores de Rivera), episodio que la historiografía ha visto como el nacimiento de las dos identidades políticas más antiguas y que protagonizaron la lucha por el poder en Uruguay hasta 1971. Oribe resignó el gobierno en 1838 y se trasladó a Buenos Aires donde aunó fuerzas con el gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas13. Por su parte, Rivera, respaldado por fuerzas brasileñas, unitarias (antirrosistas) y la armada francesa, asumió el poder en 1839, y declaró la guerra a Rosas, dando inicio a un conflicto regional -en el que también intervinieron Francia y Gran Bretaña- conocido como la Guerra Grande (1839-1852). Si bien Rivera venció en la Batalla de Cagancha (1839), Oribe logró avanzar en territorio oriental y poner sitio a Montevideo en febrero de 1843. El asedio se prolongó casi nueve años (hasta octubre de 1851) en los cuales existieron en el país dos gobiernos: el de la Defensa, que resistía en Montevideo, y el del Cerrito (por el lugar donde Oribe instaló su cuartel general, a ocho kilómetros de la ciudad). La guerra fue también de propaganda y desde Montevideo hubo una importante producción periodística, literaria y artística destinada sobre todo a Europa, que presentaba a la ciudad como la esperanza de la civilización frente a las fuerzas regresivas encarnadas por Rosas y Oribe. Tal la versión que el novelista francés Alejandro Dumas plasmó en su exitosa Montevideo, ou une nouvelle Troie14, una de las imágenes más pregnantes en la identidad no solo montevideana, sino de todos los uruguayos.

Tres meses después de iniciado el sitio, y cuando la ciudad se preparaba para resistir un asalto final, Montevideo estrenó nomenclatura.

La nueva nomenclatura renombraba las 28 calles de la Ciudad Vieja y designaba las 37 de la Ciudad Nueva, donde solo la proyectada plaza central había sido nombrada en 1840 como de Cagancha, en honor al triunfo de Rivera sobre las tropas rosistas. Sin embargo, el sentido del nomenclátor creado por Andrés Lamas (1817-1891)15 fue muy distinto al que signó aquella designación. Miembro de la primera generación de románticos rioplatenses, Lamas había sido designado ese año 1843 jefe político y de policía de Montevideo16. Entonces tenía 26 años, y recién comenzaba una de las trayectorias políticas e intelectuales más importante del siglo XIX rioplatense a la par de sus estimados Bartolomé Mitre (1821-1906) y Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)17.

Fiel a su formación doctoral y su espíritu liberal pensó la nomenclatura de la ciudad para que reposara “sobre una base completamente nacional”. Su objetivo era ofrecer una síntesis histórica a enseñar a los ciudadanos como parte de un programa civilizatorio y de afirmación de la nacionalidad. Para eso dedicó las calles más antiguas a honrar hitos del proceso independentista cerrado en 1830, con nombres de fechas y batallas, evitando homenajear a referentes políticos y militares que en su mayoría seguían actuando en el complejo escenario político. Las calles de la Ciudad Nueva fueron destinadas a enseñar la fisonomía política y la geografía del país, incluidas las divisiones administrativas (departamentos), ríos y arroyos.

En la fundamentación incluida en el folleto distribuido a los vecinos el mismo 25 de mayo en que se clavaron las nuevas tablillas, Lamas dejó claro sus criterios y recaudos:

“Al paso que me he apresurado a rendir homenaje a las glorias nacionales, que están ya fuera del dominio de la discusión, y son objeto de respeto y amor para todos los hijos de esta tierra, me he abstenido de tocar los nombres de contemporáneos ilustres y de sucesos que deben esperar a su sanción de la opinión tranquila e ilustrada de nuestros venideros. Cuando desaparezcan las pasiones y los intereses que ha creado la revolución, para dar campo a los fallos severos e imparciales de la historia, Montevideo tendrá muchas y bellas calles que ofrecer a los nombres de los guerreros, de los magistrados, de los hombres públicos que han trabajado y consolidado la independencia y la libertad de la Patria, sin desertar su bandera en los duros trances y tribulaciones con que la Providencia ha querido poner a prueba la pureza y la verdad de sus creencias y sacrificios. Sería una injusticia quitarles a los hombres que realmente merecen ese homenaje el derecho a esperarlo de la posteridad”18.

Optó así por mantener el nomenclátor al margen del conflicto que vivía el país, evitando su uso como instrumento de propaganda al servicio de Montevideo (lo que sí hacía con sus escritos fervientemente antirrosistas). La propuesta desplegaba un relato coherente. En Ciudad Vieja estaban las principales fechas e hitos de la lucha contra los españoles (1811-1814) así como las campañas y acciones contra el Imperio de Brasil (1825-1828). Dos fechas aparecen jerarquizadas: 25 de mayo, al que definió como “día de América” cuando “el pensamiento de independencia y libertad surgió en toda su pureza”19, y 18 de Julio, o sea, las mismas fechas priorizadas en la ley de 1834. A la primera le asignó la calle San Pedro, que era entonces la vía más transitada de la Ciudad Vieja, y a la segunda el eje central de la Ciudad Nueva.

Su abstención de hacer un nomenclátor con próceres, fue sin duda la decisión fundamental que tomó, seguramente para evitar polémicas que ya se habían anunciadas en 1835. No creó una calle Artigas, pero sí incluyó el recuerdo de su victoria en Las Piedras en 1811; no definió una vía Oribe pero sí una calle del Cerro, por el triunfo de aquel en 1826 sobre Brasil; lo mismo hizo con Rivera (Rincón, Misiones) y Juan Antonio Lavalleja (Sarandí). Sí creó una De los treinta y tres20 (curioso homenaje que lograba mantener el anonimato).

Aunque de vocación fundacional, este nomenclátor no negaba la herencia colonial ni prehispánica, aspectos constitutivos de una identidad americana que buscó afirmar. Incluyó referencias a la conquista y la vida colonial con nombres de personas (aquí sí) vinculadas al descubrimiento (Colón, Solís), la colonización y el proceso fundacional de la ciudad (un gobernador, uno de los primeros vecinos, el fundador del hospital, un comerciante). También recordó hitos de la lucha contra los ingleses (como la calle de la Brecha, destinada a “conservar la tradición de la que abrieron los ingleses [en la muralla] en 1807”). Del período independentista la única personalidad que rescató fue José Manuel Pérez Castellano (1743-1815), y en recuerdo de su donación de libros para la fundación en 1816 de la biblioteca pública. El único extranjero incluido fue el estadounidense George Washington (1732-1799). Y Lamas se tomó unas líneas para justificarlo: “este no es un nombre célebre de la República Oriental, ni del Río de la Plata, ni de ninguno de los pueblos hispano-americano. Pero Washington es el grande institutor del gobierno republicano representativo, único capaz de echar raíces en nuestro continente”21.

Lamas presentó su proyecto de nueva nomenclatura junto al de creación del Instituto Histórico y Geográfico Nacional como parte de un mismo programa civilizatorio. Lo hizo en un escrito en el que lamentó que la guerra impidiera celebrar las fiestas mayas (en recuerdo del 25 de mayo de 1810), por lo que creía que esas iniciativas estaban llamadas a contribuir a sus principios ilustrados y liberales, aportando al estudio y valoración de la historia y geografía del país22.

La nomenclatura creada en 1843 fue así la primera síntesis histórica del país, que antecedió un esfuerzo de escritura de una “Historia de la República Oriental del Uruguay”, que el propio Lamas emprendió, a pedido del gobierno de la Defensa, poco después23. Y fue exitosa. En su carácter fundacional, fue replicada en los pueblos y capitales departamentales del resto del país donde, más allá de improntas locales, perviven las calles 25 de mayo, 18 de Julio, Rincón, Sarandí, Solís y Colón. El prestigio del “Plan Lamas” sobrevivió los reiterados cuestionamientos de los que fue luego objeto la nomenclatura montevideana, al punto que fue reivindicado por intelectuales de ambos partidos un siglo después, incluso más por los blancos que los colorados, como se verá más adelante.

Así como existió una ciudad sitiada, existió una ciudad sitiadora. Dentro de su labor administrativa, el gobierno del Cerrito hizo censos, cobró impuestos, construyó instituciones y también fundó un pueblo en el Cardal, un caserío cercano al cuartel general de Oribe. José María Reyes realizó su amanzanamiento y definió las calles y caminos principales. Por decreto del 24 de mayo de 1849 se denominó al pueblo Villa Restauración (tanto Oribe como Rosas se presentaban como restauradores de un orden amenazado) y la calle principal (antes nombrada de la restauración), fue llamada General Artigas. Las demás vías iban a ser nombradas en un nuevo decreto, lo que no alcanzó a concretarse.

Gracias a un plano que divulgó en 1943 el historiador Luis Bonavita24, realizado a partir del original de Reyes, sabemos que hacia 1850 la mayoría de las 15 calles de Villa Restauración tenían denominaciones referenciales (calle de la plaza, del campamento, del colegio). Solo dos arrojaban luz sobre la síntesis histórica pensada para aquella nomenclatura: la mencionada General Artigas y la calle 25 de mayo. Si bien no tenemos la fundamentación de estas elecciones, rastreando el debate en la prensa en 1835, encontramos argumentos que pudieron esgrimir entonces los hombres de Oribe. Con respecto a José Artigas (1764-1850), militar y político oriental de ideas republicanas y fuerte impronta social, “jefe de los orientales” (así se lo proclamó en 1811) hasta su derrota y exilio en Paraguay en 1820, en uno de los listados divulgados por El Moderador se fundamentaba su inclusión en que “este soldado de la Libertad ya no existe para la República, y tiene los títulos más recomendables, para excitar nuestra gratitud y para eternizarlo, dando su nombre a una calle de la Ciudad donde él posee sus fincas, y recordarlo siempre con patriótica emoción”25. Se trata de un rescate temprano de Artigas, quien entonces vivía exiliado y olvidado en Paraguay, y cuya reivindicación como prócer de la independencia va iniciarse hacia 1860, aunque recién en 1883 va a ser objeto de políticas conmemorativas (proyecto para la colocación de una estatua ecuestre en la Plaza Independencia).

Con respecto al 25 de mayo su destaque no extraña si se considera que los orientales celebraban las fiestas mayas desde 1816, durante el período artiguista26.

La paz entre los orientales llegó el 8 de octubre de 1851, luego que las tropas del gobernador entrerriano Justo José Urquiza invadieran el país en alianza con el gobierno de la Defensa y el Imperio de Brasil, y que las fuerzas de Oribe no ofrecieran resistencia. Entonces quedó planteada la máxima tan repetida por la historiografía uruguaya de que no hubo “ni vencidos ni vencedores”. El acuerdo de paz reconoció la labor y compromisos asumidos por los dos gobiernos y estableció que tanto el de la Defensa como el del Cerrito obraron por el bien común, convencidos que luchaban contra un agresor externo (ya sea Rosas o las potencias europeas).

Sin embargo, si se atiende la nomenclatura, el período que se abrió en 1851 tuvo un claro triunfador. El 21 de noviembre de ese año el gobierno colorado de Joaquín Suárez renombró el pueblo fundado por Oribe como Villa de la Unión, en “el interés de perpetuar en la memoria de los pueblos el recuerdo de la feliz terminación de la época calamitosa que la República acaba de atravesar y de borrar hasta donde sean posible los vestigios de la dominación extranjera, que tanto ha pesado sobre el bienestar y la riqueza del país”. Más adelante, en 1867, el gobierno del también colorado Venancio Flores aprobó una nueva nomenclatura para esa villa, designando 8 de octubre a la calle General Artigas. Si bien otros nombres recogieron la historia del lugar, varios fueron destinados a homenajear hitos y protagonistas de la guerra contra Rosas, como Monte Caseros (en recuerdo de la derrota final de Rosas el 3 de febrero de 1852) y el mismo Flores tuvo una calle con su nombre27. En la zona donde había estado el cuartel general de Oribe, una calle fue designada Nueva Troya, en honor a la tesis dumasiana de que Montevideo había resistido en nombre de la civilización el embate de las fuerzas regresivas28.

Fue el inicio de otra etapa en la nomenclatura montevideana, que desplegó una nueva síntesis histórica exaltadora de la época de la Defensa y de la tradición del partido colorado convertido en partido del gobierno, y del Estado, por casi una centuria (1865-1958).

El fin de la Guerra Grande supuso para la ciudad y su nomenclatura el inicio de un nuevo período de crecimiento y expansión. La llamada Ciudad Nueva (hoy centro de Montevideo) se amplió absorbiendo la zona del Cordón al este y la Aguada al norte. En 1867 se establecieron y nombraron los caminos de ingreso a la ciudad y se definieron las nomenclaturas de las principales villas cercanas (de la Unión, del Cerro y Victoria). En 1878 las autoridades proyectaron una nueva Montevideo, la Ciudad Novísima, con una avenida de circunvalación, que marcó los límites de la ampliada planta urbana.

Sin embargo, la planificación no definió la etapa de expansión. En esas décadas fueron fundados varios pueblos y cientos de barrios dentro y fuera de los límites de la ciudad, a partir de emprendimientos particulares que se multiplicaron a impulso de la inmigración europea. Algunos datos censales permiten visualizar ese crecimiento. En el censo de 1860 la población de Montevideo alcanzaba las 58.000 personas, la mitad eran extranjeros. En 1889 la cifra había trepado a 215.000 habitantes (45 por ciento extranjeros) y en 1908 sumaba 309.000 (30 por ciento extranjeros, y 12 por ciento migrantes internos). En el período, la ciudad creció más de 300 hectáreas y el número de construcciones pasó de 6.219 (censo de 1852) a más de 42.800 (estimadas en 1911)29.

De las 65 calles que había nombrado Lamas en 1843, se pasó a casi 2000 en 1919. De ellas más de la mitad fueron designadas por la Junta Económico Administrativa de Montevideo entre 1917 y 1919. El dato da cuenta del desfasaje entre el crecimiento urbano y la gestión del nomenclátor. Esta dejó de secundar un proyecto contenido de ciudad (como en 1843) para correr de atrás a una Montevideo que se le escurría, al expandirse vertiginosamente.

Si bien al principio se siguió el plan de Lamas designando las nuevas calles con nombres de departamentos, ríos y comunidades indígenas, el crecimiento exponencial de vías y la fundación de barrios por particulares (quienes no solo compraban, loteaban y vendían los terrenos sino que trazaban sus plantas urbanas y nombraban las plazas y calles), llevó a que el proceso se volviera un tanto caótico, con homologaciones y designaciones apresuradas, acumulación de calles sin nombrar, repetición y cambios de nombres.

De todos modos, si se observa el nomenclátor hacia 1919 se reconocen rasgos que lo definen y dotan de coherencia narrativa, y que se vinculan con un imaginario nacional de matriz colorada. Por un lado, tenía un perfil cosmopolita, de apertura al mundo, y que miraba a Europa como a un espejo. Por otro, esas calles contribuyeron a construir y transmitir una narrativa exaltadora de la época de la Defensa, de sus protagonistas, herencias y epílogos incluida la impopular Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay (1864-1870). Y si bien la ciudad siguió creciendo, fue entonces cuando quedó establecido su adn toponímico en la zona central. La conciencia de que esto era así, y de sus efectos legitimadores, abrió a partir de la década de 1920 una nueva etapa en la historia del nomenclátor, de cuestionamientos e intentos de reformulaciones, que se profundizó hacia 1940 de la mano de un revisionismo histórico que aprovechó la efeméride de 1943 -centenarios del sitio a Montevideo y del nomenclátor de Lamas- para impulsar cambios en los nombres de las calles y la síntesis histórica que estos comunicaban.

El pequeño barrio Nueva Roma, fundado en 1879 por el empresario Francisco Piria (1847-1933)30 presentaba una plaza, Plaza Capitolio, de la cual salían dos ejes perpendiculares, Orazio y Cincinnatto, mientras otras dos vías, Scipione y Duilio, terminaban de definir las seis manzanas con el recuerdo de escritores y estadistas de la antigua Roma que casi cualquier italiano que llegaba a Montevideo conocía. Además de Nueva Roma31, se fundaron entonces Nueva Génova, Nueva Savona, Bella Italia y Barrio Italiano, y también los barrios Garibaldi, Humberto I, Victor Manuel II y Mazini. Con sus evocaciones geográficas, culturales y políticas, el nomenclátor de estos barrios de inmigrantes (los había también de españoles y franceses) buscaron atraer a los potenciales compradores con referencias vernáculas que contribuyeran a amortiguar el sentimiento de desarraigo. En el caso de los italianos, las referencias también alimentaban ciertos ideales, así como el recuerdo de la Defensa de la ciudad, al punto que Giuseppe Garibaldi (1807-1882) -líder de la legión italiana al servicio de Montevideo-, tenía en 1919 un barrio, un pueblo y ocho calles dedicadas32.

Claro que este nomenclátor cosmopolita no fue solo a impulso de los agentes privados. Distintos barrios de la ciudad vieron cómo sus calles fueron destinadas a evocar lugares de todo el mundo. Un caso emblemático es el de la Villa del Cerro. En 1867 su nomenclatura recogió nombres de 27 países y ciudades de Europa, Asia África y América. Ubicada en la falda del punto más elevado de Montevideo con costa a su bahía, había sido fundada en 1834 como Cosmópolis, y destinada a recibir mano de obra extranjera necesaria para los establecimientos saladeriles y las industrias que ocuparon la zona33.

Pero el cosmopolitismo fue más allá de la inmigración, y refería también a la necesidad de mostrar el nivel de ilustración alcanzado por una sociedad que se veía como heredera y continuadora de la cultura occidental Así decenas de calles fueron destinadas a construir un verdadero Parnaso. En ellas no solo estaban homenajeados Lord Byron, Emile Zola, Shakespeare, Chanteaubriand, Victor Hugo o Goethe, entre otros muchos escritores, sino que estaban también sus obras literarias. Finamente este perfil refirió a un posicionamiento internacionalista en política exterior, con la apuesta del reformismo batllista34 al panamericanismo y a las posibilidades que el derecho internacional daba a estados pequeños como Uruguay. Finalizada la Gran Guerra el nomenclátor homenajeó a políticos y militares del bando de los aliados, como el ministro francés Georges Clemenceau, los mariscales Ferdinand Foch, y Philippe Pétain35, y el inglés Douglas Haig36.

Fracasados los intentos “fusionistas” (1852-1864)37, a partir de 1865 la toponimia urbana comenzó a acompañar la construcción de una narrativa histórica exaltadora de la época de la Defensa, elevada a segunda guerra de la independencia, y de los dirigentes colorados que surgieron tras ella. Por su parte, la figura de Oribe era denostada y reducida a la de un agresor al servicio de los intereses expansionistas de Rosas. La “lectura” fue exitosa incluso entre los blancos, que necesitaron décadas para tejer una interpretación alternativa de la actuación del fundador del partido durante la Guerra Grande38.

Esa narrativa colorada incluyó un panteón de héroes nacionales, que la nomenclatura junto a otras políticas conmemorativas (como la producción iconográfica, la museística, los monumentos públicos) ayudaron a consagrar. El caudillo colorado Venancio Flores (1808-1868)39, fue una de las figuras políticas y militares más homenajeadas. En 1885 el gobierno militar del Gral Máximo Santos (1882-1886) creó un nuevo departamento del país con su nombre. En el nomenclátor montevideano se le otorgó una de las principales vías de acceso a la ciudad, hoy Avenida General Flores, al tiempo que varios barrios tenían calles Gral Flores. Asimismo, se creó el barrio General Flores cuyas calles guardaban una unidad temática al recordar batallas de la Guerra del Paraguay (Tuyutí, Estero Bellaco y Humaitá), conflicto en el que Uruguay participó sin reivindicaciones propias, y más bien cumpliendo los compromisos asumidos por Flores con los países vecinos40. Esto pese a que Santos había devuelto en 1885 los trofeos de guerra a Asunción41. Ese mismo año, fueron cambiados los nombres de varias calles de la Aguada, que referían a ciudades y países latinoamericanos, para homenajear a militares colorados, varios con actuación en Paraguay. Paralelamente ingresó al naciente Museo Nacional una copiosa iconografía de Flores, con varios retratos y pinturas de historia, y pertenencias personales (desde su espada a su perro embalsamado), al punto que hoy es uno de los políticos con mayor cantidad de piezas en patrimonio museístico42.

El período de Santos marcó así el inicio de un período de “perforaciones” de la nomenclatura en las zonas más próximas al centro de la ciudad, que empezó a ser la más estimada. El proceso implicó el “sacrificio” de calles que recordaban flora y fauna nativas, arroyos o lugares del país o del mundo, víctimas de una política que privilegió los homenajes a gobernantes.

Con Joaquín Suárez (1781-1868)43 pasó algo interesante, que mostró los “límites” de la apoteosis de la Defensa como “segunda guerra de la independencia”. A principios de la década de 1880 surgieron las primeras biografías exaltadoras escritas por Andrés Lamas e Isidoro de María, este último autor también de los Anales de la Defensa de Montevideo44-, y en 1882 se fundó un pueblo con su nombre. Más adelante, en 1896 se erigió una estatua suya en la Plaza Independencia, en un intento por posicionarlo como el máxime defensor de la soberanía nacional, monumento poco después removido y llevado a otra plaza, denominada Joaquín Suárez, desde donde partía un camino del mismo nombre. El lugar en Plaza de la Independencia, quedó “reservado” para otra figura capaz de reunir mayores consensos: José Artigas (el proyecto de Santos de erigir un monumento ecuestre en 1883, fue retomado y concretado en 1923). El lento proceso de encumbración de la figura de Artigas, ha sido explicado por la historiografía, entre otros motivos, porque la actuación de este caudillo fue anterior a la definición de las identidades blanca y colorada45.

Así, si bien Santos contribuyó a exaltar la tradición colorada fue también responsable de impulsar una figura máxima más allá de ella, A nivel del nomenclátor, en 1885 nombró Bulevar Gral Artigas, a la vía de circunvalación de la Ciudad Novísima, que se sumó al Camino Artigas existente desde 1875 en la zona del Miguelete (luego llamado, Instrucciones, en recuerdo al ideario artiguista de 1813). En 1919 había otras seis calles Artigas en la ciudad.

La gestión del nomenclátor en el periodo no estuvo falto de cuestionamientos. A medida que la ciudad seguía su expansión, con la absorción de barrios, el problema de los nombres repetidos se presentó como acuciante. En 1890 la Junta Económico Administrativa aprobó un decreto destinado a “hacer una revisión de la nomenclatura actual”, tras admitir la existencia de “muchas calles y caminos sin denominación o con denominaciones repetidas o impropias”. La tarea recayó en Isidoro de María a quien se le pidió “indicar con los fundamentos que crea convenientes nombres de personas que por sus virtudes y servicios al país o al Municipio de Montevideo, sean acreedores del homenaje o el recuerdo de la posteridad”46.

Siguiendo a su admirado Lamas, De María adoptó un criterio más amplio y seleccionó lugares e hitos antes que nombres propios. Prácticamente no incluyó figuras del periodo posterior a la independencia, concentrando los homenajes en la etapa colonial y en figuras como vecinos, intelectuales y emprendedores, con actuación destacada. Si bien varias sugerencias fueron incorporadas, el sentido último de su propuesta no fue considerado. De hecho, entre 1901 y 1919 la Junta procedió a perforar el nomenclátor de Lamas, cambiando nombres de varias calles de la Ciudad Vieja y de la Ciudad Nueva, suprimiendo los de ríos, batallas y aspectos históricos de la ciudad, para homenajear a políticos (incluido un presidente en ejercicio) y personalidades de los países vecinos con vínculos estrechos con la tradición colorada. La calle Patagones cambió por Juan Lindolfo Cuestas47 (1901), Arapey pasó a llamarse Río Banco48 (1915) y Daymán, Julio Herrera y Obes49 (1919). En Ciudad Vieja, el reducto preciado de la narrativa histórica de Lamas, la calle Cámaras (que recordaba que el Poder Legislativo funcionaba en el edificio del Cabildo, ubicado sobre esa vía) se denominó Juan Carlos Gómez50 y Cerro cambió en 1906 por Bartolomé Mitre, quien había fallecido ese año. Estos cambios tuvieron lugar en los gobiernos de José Batlle y Ordóñez, hijo de un presidente colorado y admirador de los tiempos de la Defensa, quien en 1904 había aplastado la última revolución de un caudillo blanco.

Llegada la década de 1920 identificamos el inicio de una tercera etapa en la toponimia de la ciudad que extendemos hasta la de 1940 inclusive. Fue un período de fuertes cuestionamientos a la nomenclatura vigente, tanto desde ámbitos políticos como intelectuales. Los planteos apuntaban a la necesidad de fijar criterios y ordenar el tema, implementando un sistema de toma de decisiones con participación de especialistas. Incluyó propuestas revisionistas entre las cuales destaca la de restaurar el nomenclátor de Lamas.

Para entender esta etapa debe tomarse en cuenta el acercamiento programático entre blancos y colorados conservadores que tiene lugar en el período. Unidos por su común oposición al reformismo batllista, sus críticas abarcaban tanto aspectos sociales y económicos en relación al intervencionismo estatal, como culturales que tenían que ver con la impronta moderna “jacobina” y los “excesos” de un cosmopolitismo percibido como amenazante. A nivel intelectual, se pueden señalar como hitos en ese acercamiento la fundación en 1915 del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay (IHGU), organismo para estatal integrado por intelectuales blancos y colorados y que se consideraba heredero del fundado por Lamas en 1843, y también el debate parlamentario sobre la fecha de la independencia de 1923, en el que los partidos votaron divididos51. A nivel político los conservadores ganaron terreno con la entrada en vigencia de una nueva constitución en 1919 (que obligó al batllismo a negociar a la interna y con la oposición blanca). La alianza quedó sellada con el golpe de Estado de 1933 y la aprobación de otra constitución (vigente hasta 1942) que permitió a los conservadores de ambos partidos gobernar juntos.

En noviembre 1940 la Junta departamental de Montevideo creó una comisión especial asesora52, integrada por intelectuales de ambos partidos. De siete miembros, la comisión sirvió de caja de resonancia de algunos debates culturales e historiográficos que entonces libraba la sociedad uruguaya. Su plan de trabajo incluyó “estudiar la nomenclatura y hacer una revisión de la actual” y “establecer una norma con carácter general y trazar un plan orgánico”53. Estaba presidida por Raúl Montero Bustamante, un intelectual de peso en el Partido Colorado54. Lo secundaba el arquitecto Luis Crespi, director de la División de Arquitectura de la Intendencia de Montevideo, un delegado de la Junta Departamental, dos representantes designados por los ministerios de Defensa Nacional y de Instrucción Pública (lo que daba cuenta del carácter “patriótico” y “nacional” del nomenclátor montevideano) y otros dos a propuesta de la Asociación Patriótica del Uruguay y del HGU, organismos asesores (sobre todo el segundo) en materia de políticas conmemorativas y relativas al patrimonio documental.

Dos nombres merecen mención: Felipe Ferreiro55 (delegado del Ministerio de Instrucción Pública) y Juan Pivel Devoto (del IHGU)56, ambos intelectuales muy cercanos al líder blanco Luis Alberto de Herrera (1879-1959), principal rival político del batllismo y referente del revisionismo histórico del período.

En los tres años que funcionó, la comisión intentó avanzar en los problemas heredados, como la acumulación de expedientes con cientos de calles sin nombrar y los nombres repetidos, buscando fijar “normas generales” que encauzaran la gestión y la dotaran de mayor racionalidad. Entre otras cosas se propuso establecer como criterios rectores solo homenajear personas fallecidas y transcurridos varios años desde su muerte. También evitar la duplicación de homenajes, actuar siguiendo unidades temáticas y no designaciones aisladas, y disminuir al mínimo los cambios de nombres de las calles. Si bien los miembros coincidían en estos criterios, luego se embarcaban en discusiones que iban diluyendo el alcance de las medidas. Por ejemplo, en relación al tiempo requerido tras el fallecimiento de una persona, Pivel Devoto propuso 30 años, lo que fue considerado excesivo por otros miembros que proponían 20 o 15 años, mientras Montero Bustamante insistía en que se debía “dejar la puerta abierta a excepciones”. Frente a la insistencia de Pivel Devoto que sostenía cosas como que “cuando los valores son auténticos, el olvido no llega”57, la comisión resolvió recomendar a la Junta 20 años con excepciones.

En relación al perfil del nomenclátor, de las actas de la Comisión surgen posiciones claras, coincidentes entre los miembros vinculados a los estudios históricos de que debía enseñar la “historia y la geografía nacional”, más que dedicarse a homenajear a personas. Se compartía la crítica de que los nombres vinculados a lugares geográficos, valores y tradiciones, habían sido sistemáticamente desplazados en los sucesivos cambios para homenajear a figuras de dudoso aporte. La voz más crítica fue la de Pivel Devoto, quien llegó a considerar que “la tendencia a dar nombres de personas no se sigue en los demás países. Generalmente, se persiguen nombres de costumbres, de regiones, de aspectos pintorescos y de hechos históricos”58, por lo que propuso que las nuevas calles recojan “lo característico del lugar”.

Este tipo de planteos eran compartidos por los intelectuales desde hacía tiempo. En 1935 el historiador y diplomático colorado Luis Enrique Azarola Gil (1882-1966) envió una carta al intendente de Montevideo en la que sostuvo que la nomenclatura “ha sido barajada de manera poco seria”, dada la inconveniencia de algunos homenajes, la repetición de nombres y la proliferación de cambios. Recordó que mientras en Ginebra la calle de las Tres Perdices tenía 500 años, en Montevideo una calle del centro cambió tres veces de nombre (refiriéndose a la Queguay de Lamas luego llamada La Paz y más tarde Paraguay). También cuestionó la abundancia de “nombres exóticos” cuando las calles debían dedicarse a “hechos nacionales” y “recuerdos nativos”. Ejemplificó que en el barrio Carrasco salvo la playa y el arroyo –“que toman sus nombres del primer poblador de la zona”- los demás nombres refieren a lugares “donde se ignora casi la existencia de nuestra capital”, y citó las calles Medioevo, Renacimiento, Jamaica, Gran Líbano, Isla de Gaspar y Havre. Fundamentó que no veía motivo para “llamar Medioevo a una vía pública montevideana, cuando ese nombre evoca un periodo histórico del Viejo Mundo durante el cual el Uruguay y América todavía no habían nacido”59.

Volviendo a la comisión, una de las primeras ideas que manejó fue la de restaurar el nomenclátor de Lamas en el centro y casco histórico de la ciudad. Su mayor impulsor fue Pivel Devoto quien sostenía que ese plan fue “hecho con criterio científico, en función de la geografía y la historia, y encierra un verdadero sentido histórico y pintoresco” por lo que “debe volverse a él”60. Si bien la mayoría de la comisión coincidía, fue creciendo la postura de quienes pedían evitar nuevos cambios. Para Crespi los cambios conspiraban contra la función práctica del nomenclátor y generan confusión en la población, mientras el delegado de la Junta sostuvo que volver a los nombres de 1843 en calles como Juan Lindolfo Cuestas, Bartolomé Mitre o Julio Herrera y Obes, obligaría a encontrar otras calles importantes para esos nombres, lo que implicaría cambios dobles.

Frente a la insistencia de Pivel Devoto de que la conmemoración del centenario del nomenclátor de 1843 facilitaría el esfuerzo, Montero Bustamante fue imponiendo el juicio que la “reimplantación” del nomenclátor de Lamas no era posible. El tema trascendió la comisión y en 1942 tuvo lugar una polémica epistolar entre el mencionado Azarola Gil y Luis Alberto de Herrera.

Invitado por las autoridades, Azarola Gil había dado en junio de 1942 una conferencia sobre nomenclatura en el Palacio Municipal, entonces en obras y que se proyectaba como un hito constructivo de la ciudad. Si bien en la conferencia hizo lo que se le pidió y explicó el origen de los nombres de múltiples calles de la ciudad, dando cuenta de las fornidas raíces del árbol toponímico, Azarola Gil fue más allá y expuso varias críticas. Sostuvo que “la nomenclatura solo puede ser una selección basada en la justicia y nunca el resultado de improvisaciones basadas en entusiasmos o pasiones efémeras”. Citando el trabajo de la comisión consideró que debían pasar 20 años de muerta una persona para evaluar su incorporación al nomenclátor: “El tiempo –sentenció- se encarga de decretar el olvido total o la resurrección gloriosa”61.

Sobre el final de su exposición se detuvo en la Ciudad Vieja y expresó “que debe volverse a la nomenclatura de Andrés Lamas”, aprovechando su centenario el año próximo. Se refirió a varios cambios necesarios y sobre la calle Bartolomé Mitre sostuvo que él le hubiese puesto “calle de los Mitre”, recordando que José de Mitre fue uno de los primeros pobladores de Montevideo en 1727, y que ameritaba reconocer el “ilustre linaje”62. Finalmente se refirió al inminente centenario del sitio de Montevideo y pidió otorgar una avenida más significativa al recuerdo de la “Nueva Troya”, de modo de evocar “la más grande de las epopeyas del Río de la Plata, tan grande como la gesta de la independencia”. Pidió que el 16 de febrero el inicio del asedio fuera recordado de modo de “proclamar la gloria de la Defensa” y sugirió homenajear con una lápida a Alejandro Dumas63.

El 14 de julio de 1942 Herrera escribió a Azarola a propósito de esa conferencia, y acusándolo de abordar los temas “desde la pasión” y le preguntó si no era tiempo que “el cintillo, frente a la verdad estricta, retroceda”. Le mencionó su comentario sobre la calle Bartolomé Mitre, increpándole que no haya cuestionado que su nombramiento supuso “borrar la victoria de Oribe” de la Ciudad Vieja. Por último, le cuestionó su propuesta de celebrar el inicio del sitio “cuando Ud. sabe que sobre el punto antecedencia y resultancias, está en pie un debate de fondo (con documento a la vista)”, agregando que de ese escrutinio solo saldría “engrandecida la figura prócer del general Oribe. Permítame pues que me sonría ante lo de Alejandro Dumas”64.

Azarola le respondió en una carta afectuosa, aunque esquiva, en la que le recordó su posición a favor de restaurar el nomenclátor de Lamas, y explicó que en su conferencia no defendió la existencia de la calle Bartolomé Mitre en sustitución de la del Cerro. Tras asegurar que no actuó desde la pasión (“rompería mi pluma antes de usarla estimulando idolatrías partidarias”) consideró que “la conmemoración del centenario de la Defensa de Montevideo en nada puede afectar la memoria del jefe sitiador de la ciudad” ya que, si la “celebración de una gloria implicase una merma histórica para un adversario, habría que borrar todas las celebraciones”.

Como buen colorado Azarola no problematizó la gesta de la Defensa como epopeya nacional, ni advirtió el lugar en el que su valoración como segunda gesta independentista, dejaba a los sitiadores. Tampoco reparó, no quiso hacerlo, en el golpe político que supuso asignar como Bartolomé Mitre la calle que antes recordaba el triunfo del prócer blanco.

Herrera no le contestó. Su reivindicación de la figura de Oribe en relación a su actuación en la Guerra Grande, iniciada con una serie de artículos periodísticos en 1940, luego con Los orígenes de la Guerra Grande (1941) y Por la verdad histórica (1947), fue parte de una campaña que emprendió junto a correligionarios como Mateo Magariños de Mello65 y sobre todo Pivel Devoto autor de una nueva museografía en el Museo Histórico Nacional destinada a equilibrar la representación de los bandos en pugna en la Guerra Grande, lo que logró con éxito relativo dadas las limitaciones que le impulso el acervo institucional (eran mínimas las piezas que recordaban a los protagonistas del Cerrito en relación a sus pares de la Defensa)66.

El impulso revisionista en el nomenclátor logró avanzar con el triunfo electoral de los blancos en 1958, y en el marco de otras acciones de rescate de la figura de Oribe (como el proyecto de su monumento ecuestre en 1961). El nomenclátor heredado fue alterado, aunque levemente67, en un intento de reparar omisiones, con la incorporación de políticos e intelectuales blancos, incluidos varios contemporáneos. Entonces fueron otros los que protestaron contra los cambios de nombres, los homenajes oportunistas y la supresión de denominaciones culturales y nativas68.

El articulo analizó la nomenclatura urbana en Montevideo entre 1843 y 1943, período en que identificamos tres momentos en la gestión del tema. El primero refiere a la creación del primer nomenclátor republicano en 1843 en una ciudad planificada, la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva, entonces sitiada en el marco de la Guerra Grande. En esa primera formulación se actuó de acuerdo a un proyecto civilizador, que pretendió contribuir a la conciencia cívica e ilustrada de los habitantes de la joven república. Lejos de poner la nomenclatura al servicio del conflicto que dividía al país, las calles ofrecieron una síntesis del pasado común que exaltaba los valores e hitos de la gesta independentista, al tiempo que enseñaba aspectos de la fisonomía y las herencias culturales del naciente estado, de modo de afirmar la identidad nacional.

El segundo momento coincidió con el de mayor expansión de la ciudad entre 1865 y 1919, e implicó un perfil toponímico distinto, de vocación cosmopolita y destinado a plasmar la lectura que el gobernante Partido Colorado elaboró del período de guerras civiles, y en especial de la Guerra Grande elevada a segunda guerra de la independencia.

El tercer momento fue de un fuerte cuestionamiento al nomenclátor resultante en el período anterior, con críticas compartidas por referentes de ambos partidos políticos y en algunos aspectos por las propias autoridades que decidieron crear una comisión asesora para estudiar el tema. Esta etapa coincidió con la emergencia de un revisionismo histórico que cuestionó la narrativa colorada plasmada en las calles, y cuyos referentes se valieron de la reivindicación del nomenclátor de Lamas para forzar un cambio. Desde esa mirada, el plan de Lamas había tenido grandes virtudes como su toma de distancia respecto a las pasiones del momento, el priorizar lo vernáculo sobre lo extranjero, su vocación pedagógica de enseñar la fisonomía, la cultura y las tradiciones del país, así como su opción por homenajear personas que estaban más allá de las reivindicaciones partidarias.

A principios de 1940 la importancia histórica de la obra de Lamas y su posible restauración en las calles de la Ciudad Vieja y del centro de Montevideo, era para los colorados una forma de enaltecer el legado de uno de los intelectuales más importantes de la Defensa de Montevideo, epopeya cuya significación tenían tan naturalizada como el nombre de las calles que la reflejaban.

Para los blancos defender a Lamas, era defender una narrativa histórica que los incluía. Asimismo, bregar para que las calles volvieran a recordar “lo característico” del país, era una forma de reintegrarle al nomenclátor su objetivo pedagógico y de afirmación identitaria, y era también una forma de frenar los excesos de una narrativa construida a partir de inclusiones y sobre todo de exclusiones que entonces se esforzaban por desnaturalizar. Era también una forma de ganar tiempo, mientras no se pudieran impulsar los nombres propios.

Como toda escritura de la historia la definición de los nombres de las calles estuvo marcada por las posiciones que sus escribientes adoptaron respecto a la distancia temporal de los asuntos y personas que eran objeto de estudio y rescate. El papel asignado al tiempo como artífice último, árbitro o juez, o como un elemento a sortear en la gestión del nomenclátor, atravesaron las discusiones y etapas reseñadas.

Desde los primeros balbuceos en torno a la definición del nomenclátor tras la independencia, hubo quienes clamaron por la acción decantadora del tiempo frente al poder legitimador de las calles, de modo de evitar que las pasiones del momento marcaran las definiciones. Se bregó por no usar nombres de personas vivas, y luego por esperar tantos años de fallecidas. “Sería una injusticia quitarles a los hombres que realmente merecen ese homenaje el derecho a esperarlo de la posteridad”, escribió Lamas en 1843; “el tiempo se encarga de decretar el olvido total o la resurrección gloriosa”, afirmó Azarola Gil un siglo después. En ese distanciamiento temporal estaba depositada la esperanza en que las designaciones lograran mayor legitimidad (los “fallos severos e imparciales de la historia”, al decir de Lamas).

También desde entonces hubo quienes defendieron excepciones a esas reglas, convencidos de que no tenía sentido renunciar a una herramienta útil para los gobernantes, siempre dispuestos o necesitados de gestionar, incluso el pasado. El nomenclátor fue así un arma del presente, capaz de definir ganadores y consagrar victorias.

De este modo la toponimia urbana fue valorada y utilizada tanto como un instrumento al servicio de proyectos fundacionales, más o menos rupturistas, como de esfuerzos de sedimentación, volcados a fijar aquello capaz de sobrevivir la crítica contingencia.

Esta última postura la sostuvieron figuras que tenían un perfil más intelectual que político, siendo el caso de Lamas excepcional por su compromiso en 1843 con una Montevideo asediada.

Llegados a la década de 1940, los partidarios del revisionismo histórico enfrentaron limitaciones para modificar el nomenclátor, similares a las que encontraron en otras políticas de memoria. Los obstáculos que encontró Pivel Devoto en la comisión asesora para avanzar en la restauración del nomenclátor de Lamas, fueron similares a los que enfrentó en el Museo Histórico Nacional cuando quiso representar con ecuanimidad los dos bandos en la Guerra Grande. Tanto el acervo museístico como el nomenclátor tuvieron sus momentos de definición y consolidación. Lo que no ingresó al MHN antes de 1940 no pudo ingresar después, al menos no con el carácter aluvional y masivo de la etapa de configuración. Lo mismo pasó con el nomenclátor montevideano en la zona central de la ciudad. La resistencia a los cambios de nombres surgió como un argumento poderoso que inmunizó lo hecho y solo permitió modificaciones puntuales. Finalmente, una intervención revisionista radical no era una opción en una sociedad amortiguadora como era la uruguaya hacia mediados del siglo XX.