La relevancia que ha adquirido la memoria como forma de aproximación al pasado en los últimos treinta años es reveladora del momento cultural que están viviendo las sociedades occidentales. La memoria se ha convertido en una preocupación central de la cultura y de la política, un giro hacia el pasado que contrasta con la tendencia a privilegiar el futuro, tan característica de la modernidad del siglo XX. En palabras de Andreas Huyssen, parece como si el foco principal hubiera pasado de los futuros presentes a los pasados presentes, como si el pasado fuera invocado para proveer aquello que no logró brindar el futuro en los imaginarios previos del siglo XX1. Ciertamente, dado que las utopías emancipadoras han dejado de tener la capacidad propulsiva que tuvieron a lo largo del siglo XX, la parte de la sociedad huérfana de expectativas, con frecuencia invoca el pasado para substituir el futuro en el espacio que éste ocupaba en los imaginarios colectivos. En ese sentido, para el caso español, Pedro Ruiz Torres utiliza la expresión “memoria-prótesis”, refiriéndose al movimiento en torno al reconocimiento público de las memorias de los vencidos de la guerra civil y del antifranquismo, que conecta con la reivindicación de la legitimidad histórica de la cultura republicana2.

La reivindicación de la memoria también se ha alimentado de la fuerza del neoconservadurismo, que percibió el colapso del comunismo soviético como la oportunidad para reescribir la historia del pasado reciente a favor de los planteamientos liberales y conservadores3. En este marco temporal se ubica la difusión de la ideología del fin de la historia4. También las dictaduras de derecha del siglo XX fueron reevaluadas, se invirtieron muchos de los juicios social e historiográficamente dominantes en el mundo occidental, redistribuyéndose la carga de las culpas al respecto de guerras del siglo XX5. Se podría decir que el revisionismo histórico supuso “un giro ético-político” en la forma de comprender el pasado, un radical cambio de la consciencia histórica dominante en el mundo occidental desde la posguerra6.

En ese contexto, los conflictos memoriales adquieren fuerza pues se refieren a acontecimientos del pasado considerados importantes para el presente. En España, la memoria sobre el régimen franquista es todavía un tema conflictivo, a pesar de nuestros conocimientos históricos. Y es que, como reiteró en tantas ocasiones Tzvetan Todorov, la memoria tiene una potencia que la historia nunca alcanza; en el marco de la primacía de las emociones, incluso se ha descrito la situación del siglo XXI como de saturación de memoria7. Es indudable, sin embargo, que la memoria y la historia han quedado entrelazadas como formas de relacionarse con el pasado8.

La historiografía sobre el casi medio siglo transcurrido desde la proclamación de la II República hasta la instauración de la democracia en los años setenta es, a estas alturas, amplísima y muy diversa en sus aportaciones interpretativas sobre las distintas etapas que conforman ese casi medio siglo. No hay apenas debate historiográfico, sin embargo, sobre el hecho que la cruenta guerra civil, que acabó con la derrota republicana, tuvo su origen en un golpe de Estado contrarrevolucionario, que se empezó a organizar de forma discontinua desde 1932 y sistemática tras el triunfo de las izquierdas en las elecciones de febrero de 1936.

Esta tesis extendida en el ámbito de la historiografía es cuestionada por una parte de la opinión publicada más conservadora, particularmente a través de los medios de comunicación, que han sustituido ante la sociedad a los circuitos académicos e institucionales a la hora de señalar lo que se reconoce como histórico9. En este contexto, desfavorable para la influencia social de la historiografía, el gran reto para los historiadores es conseguir que el conocimiento histórico conforme la base de la memoria pública demandada por sus contemporáneos10.

En los últimos treinta años se ha extendido en España la expresión “memoria histórica” como sinónimo de un tipo colectivo de memoria, que nos acerca al uso político y social que se hace de la historia en la sociedad11. Dado que la memoria es una facultad solo individual, y por lo tanto parcial y subjetiva, al utilizar ese término habitualmente se hace referencia a su acepción colectiva, entendida como el conjunto de elementos del pasado considerados socialmente relevantes, una selección de hechos destinados a integrarse en la memoria individual, condicionando así la autopercepción del individuo en la colectividad. Un rasgo fundamental de lo que se denomina memoria colectiva es, por tanto, su carácter normativo, por cuanto los hechos seleccionados, además de proporcionar imágenes del pasado, actúan como referencia social.

Situados específicamente en la España del siglo XXI y para lo que aquí nos ocupa, la expresión “políticas de memoria democrática” es sinónimo de la voluntad de que el ámbito público deje de ser espacio para el homenaje de los referentes simbólicos de la dictadura franquista y, contrariamente, se integren en él referentes simbólicos para la democracia. En una sociedad democrática la historia permite conocer y entender nuestra historia colectiva y las políticas públicas de memoria democrática pueden ayudar a hacer llegar al conjunto de la sociedad las consecuencias de las experiencias antidemocráticas del pasado.

La demanda de memoria en España está asociada a la ausencia, hasta el siglo XXI, de políticas públicas de reconocimiento tanto de la violencia de los sublevados durante la guerra civil como de la represión franquista posterior. Como ha destacado la historiografía, durante la guerra, la violencia estuvo presente en ambas zonas en conflicto, pero sus características fueron distintas. En la zona republicana la violencia se convirtió en ingrediente de la respuesta desordenada que las organizaciones políticas y sindicales de izquierda dieron al golpe militar, mientras que en la zona rebelde fue un componente esencial para la construcción del nuevo Estado perseguido por los insurrectos. La historiografía dedicó una gran atención al estudio de las magnitudes y características de la represión franquista ya que, situados en los años 80, los conocimientos históricos sobre ambas violencias eran muy distintos. No era posible entonces hacer un cálculo aproximado sobre las víctimas mortales de la represión de los vencedores, contrariamente a lo que pasaba con las víctimas de la zona republicana, que eran bien conocidas desde los años cuarenta, debido a las diversas y complementarias actuaciones desarrolladas por el régimen.

Ciertamente, el franquismo desarrolló una potentísima política de la memoria con el objetivo de legitimar el régimen político surgido de la victoria en el campo de batalla. La política memorial, destinada a mantener viva una imagen del pasado acorde a sus referentes ideológicos y a sus intereses políticos, situó la guerra civil en el centro de la escena: como punto de llegada de los desastres a los que había conducido el liberalismo y la democracia, y como punto de partida del resurgimiento de España. En particular, la centralidad del Alzamiento – el régimen siempre negó que se tratara de un golpe de estado- se plasmó en dos frentes distintos: uno asociado a la II República y al “terror rojo”, otro a la exaltación de la memoria de los “caídos por Dios y por España”, así como al enaltecimiento de las figuras del Nuevo Estado, particularmente del Caudillo. El Alzamiento y la victoria se presentaron siempre –aunque con distinta intensidad- como fuente de legitimidad. Quienes no comulgaban con las ideas de los alzados no formaban parte de la nación y debían ser aniquilados. El mismo Franco, en un discurso de 1953, afirmó “No era ni fue una guerra civil entre españoles (..). Fue la lucha de España con la anti-España. La del bien con el mal. Teníamos que mutilar nuestro cuerpo, podar aquellas ramas podridas y carcomidas, del viejo tronco español, extirpar el cáncer que nos corroía”12. En 1964, Luis Carrero Blanco -ministro subsecretario de la Presidencia, mano derecha de Franco- también insistió en su discurso en el Valle de los Caídos ante el cardenal Cicognani que aquel grandioso monumento conmemoraba una victoria “de España contra los enemigos de su independencia y de su Fe (..) por que la guerra que los españoles hubimos de sostener de 1936 a 1939 no fue en modo alguno una guerra civil, sino una guerra de Liberación13”.

La política memorial se inició ya en 1939 y se mantuvo incólume hasta el final de la dictadura. La voluntad explícita de construir un nuevo imaginario colectivo convirtió en objetivo esencial del régimen franquista la ocupación física y simbólica del espacio público. El 7 de agosto de 1939, el ministerio de la Gobernación dictó una orden según la cual todas las iniciativas monumentales debían ser aprobadas por el Ministerio "con objeto de dar unidad de estilo y de sentido a la perpetuación por monumento de los hechos y las personas de la Historia de España, y en especial a los conmemorativos de la guerra y en honor de los caídos". Así en lugares centrales de prácticamente todos los municipios españoles se construyeron monumentos, tanto de tamaño medio como de grandes dimensiones, que eran la expresión de una política de recuerdo enfocada a exaltar las figuras – caídos y mártires – y los hechos de la guerra.

Las listas de los caídos en las paredes de las iglesias, en cruces, monolitos y lápidas colectivas se convirtieron en lugares de memoria locales. Una memoria en la que la muerte era la argamasa de la simbiosis entre Dios y Patria; las estructuras simbólicas del catolicismo se convertían, a su vez, en factor esencial de legitimidad del nuevo orden político14.

Contrariamente, la instauración de la democracia en la década de los setenta del siglo XX comportó una ruptura en el plano de la legalidad, pero escasas rupturas simbólicas en el espacio público; ello tuvo como consecuencia la instalación en el imaginario individual y colectivo de una percepción de continuidad, pues es indudable que los símbolos influyen en la representación del mundo que nos rodea en mayor proporción que el marco legal establecido.

El régimen democrático, consolidado con la constitución de 1978, no quiso desarrollar hasta el siglo XXI políticas de memoria en las que la lucha por la democracia ocupara un papel legitimador del presente. Durante la transición de la dictadura a la democracia (1977-1982), en la que se produjo un equilibrio de fuerzas entre los herederos de la dictadura y quienes habían luchado -con distintas intensidades- en favor de los derechos sociales y democráticos, el recuerdo de la guerra civil actuó como límite de sus propuestas15. Ello no fue óbice para que se produjeran centenares de iniciativas locales de exhumación de fosas para dignificar el entierro de los represaliados por el franquismo16.

Durante los primeros años de la democracia, los gobiernos de la Unión de Centro Democrático -un partido fruto de un diverso conglomerado alrededor de Adolfo Suárez- estuvieron más dispuestos a aprobar leyes inobjetables desde los valores democráticos que a intervenir en el espacio público a favor del establecimiento de una política simbólica activa democrática. Así, las principales divisas de la democracia tardaron mucho en llegar. Las estatuas de Franco abundaron durante décadas en algunas partes de España, el nomenclátor reproducía los nombres de miles de personajes vinculados al régimen. El escudo franquista no fue sustituido hasta finales de 1981, y eso comportó que este encabezara la edición original de la Constitución de 1978. La conmemoración del referéndum constitucional no se convirtió en fiesta oficial hasta 1983, cinco años después de su celebración. Hasta 1997 convivieron en el sistema monetario seis tipos diferentes de pesetas en las que aparecía la figura de Franco. En definitiva, el Estado no tuvo un papel activo en políticas para afirmar referentes democráticos, lo que significaba que la memoria pública podía continuar siendo la propia del franquismo.

Solo una parte de los ayuntamientos elegidos en 1979 fueron artífices de una política de memoria democrática plasmada en el expurgo parcial de los nombres franquistas más notorios del callejero de pueblos y ciudades; al tratarse de iniciativas locales, la realidad fue, sin embargo, que en las amplias zonas -sobre todo en extensión más que en población- en que gobernaba la derecha, claramente heredera del franquismo entonces, se mantuvieran tanto los monumentos como el callejero, con algunos añadidos en reducidos casos.

Por otro lado, en los años ochenta, los medios de comunicación abandonaron su interés por el activismo memorial de carácter local. En paralelo, los gobiernos encabezados por Felipe González consideraron que, dado que la memoria de la guerra civil y el franquismo era conflictiva, el Gobierno no miraría al pasado, lleno de divisiones y de traumas; todas las energías se concentrarían en el futuro, en un programa modernizador que permitiera salir del “atasco histórico”; el horizonte europeo y la creación de un estado del bienestar se convirtieron en el leitmotiv gubernamental, dejando de lado los aspectos simbólicos de contenido democrático. El gabinete de Felipe González podía suponer que la recuperación de la memoria de los represaliados de la guerra civil y de quienes habían luchado contra la dictadura entraría en colisión con su programa de gobierno17.

En la escasa voluntad política para afianzar una memoria colectiva sobre el franquismo y del antifranquismo, que respondiera a los conocimientos sobre sus características que la historiografía había acumulado, también influyó el ambiente revisionista que, desde los años ochenta y particularmente después de 1989, se extendió en toda Europa.

La relectura de la historia del siglo XX, a la que ya se ha hecho referencia, fue especialmente intensa en Alemania occidental, dando lugar a una disputa entre historiadores -historikerstreit- entre 1986 y 198718. También en Italia; Maurizio Ridolfi puso de relieve que, desde la posguerra, el discurso antifascista había representado un pegamento de la memoria pública y de la identidad nacional, a través de una interacción compleja entre lugares (monumentos, museos), ritos (conmemoraciones, fiestas civiles) y canales de comunicación (discursos, fotografía, publicística)19. Contrariamente, en los últimos años del siglo XX, la extensa obra de Renzo de Felice, además de ofrecer una imagen patriótica de Benito Mussolini, ayudó a poner en cuestión la extensión del antifascismo en la sociedad italiana20.

No obstante, también desde la década de los noventa, las trágicas y anteriores experiencias latinoamericanas y sudafricana impulsaron la creación de ‘Comisiones de la Verdad’, en las que los testimonios y su memoria se convertían en agentes activos de justicia. Conectaban esas experiencias con el debate sobre el Holocausto, presente en la opinión pública internacional, cada vez más globalizada, sobre todo bajo el estímulo de la conmemoración de distintos acontecimientos vinculados a la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, en España se consolidó el movimiento social a favor de la recuperación de la “memoria histórica”. 

Por otro lado, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996 se había producido un relevo generacional importante. Los marcos de experiencia y las expectativas de futuro entre las generaciones que protagonizaron la Transición y la siguiente eran distintas. Se podría decir que, dados los marcos de experiencia de los vencidos en la guerra civil, sus hijos tenían como expectativa común consolidar la democracia, mientras que la generación de “los nietos” se sentía lejana del recuerdo de la guerra civil y compartía expectativas de justicia y de verdad.

En ese marco, la demanda social de memoria se extendió en el seno de la sociedad y, a través de los medios de comunicación, alcanzó la escena pública. Como escribió Ismael Saz, si se admite que durante la Transición pesó extraordinariamente la memoria histórica traumática de la guerra civil, y ello aconsejó “echar al olvido”21otra memoria, la de los vencidos y la represión franquista, no es difícil inferir parafraseando a Paul Ricoeur22 que esta otra memoria, sumergida en las tinieblas, había de emerger necesariamente en un momento o en otro23.

La monumental obra de Pierre Nora sobre la Historia de Francia, publicada en su mayor parte en los años ochenta24 tuvo en los años noventa una amplísima repercusión internacional, también en España. El nuevo concepto de lugares de memoria representó una ruptura epistemológica porque –como señaló Josefina Cuesta, una de las principales introductoras de esta corriente en España- ésta es una “historia simbólica, más preocupada por historizar el símbolo y más interesada en el análisis de la memoria que éste entraña y de la que es portador que del propio símbolo, más atenta al continente que al contenido, inquisidora de una memoria simbólica y de sus anclajes en el espacio y en el tiempo25”.

El legado liberal de construcción de imponentes edificios, símbolos de la integración nacional y de la fortaleza del Estado, fue adaptado por los fascismos siguiendo un plan ideológico que hacía de la arquitectura un medio privilegiado para la plasmación de su política26. Los mitos nacidos de la Primera Guerra mundial intervinieron de forma decisiva en la sacralización política de carácter nacionalista. La guerra, especialmente todo lo que tuvo que ver con la retórica y el ritual en torno a los caídos, devino clave en aquella sacralización.

Es indudable que entre los lugares de memoria del franquismo ocupa un espacio sobresaliente el Valle de los Caídos, pudiéndose afirmar que no hay en España monumento franquista más cargado de simbolismo que el construido en Cuelgamuros27. Convertida la Victoria en el mito fundacional del nuevo régimen, la sacralización de los orígenes del Nuevo Estado quedó unida con el dolor que en sus filas lo había engendrado28.

Más allá de la belleza de la zona y de la disponibilidad de terreno, la localización no fue casual. El Valle de Cuelgamuros está situado en el municipio de El Escorial, donde se encuentra el monasterio referente de la España imperial. Franco se había implicado directamente en la búsqueda del lugar adecuado para la construcción del monumento y también intervino en su diseño29, pues el objetivo no era otro que transmitir una imagen de grandiosidad impactante, símbolo del papel histórico que el Caudillo se atribuyó a sí mismo y de la fuerza de su régimen. El monumento estaba tan unido a él, que se convirtió en su mausoleo tras su muerte en 1975.

El decreto publicado el 1 de abril de 1940 disponía que “se alcen Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes”, en la finca conocida por Cuelgamuros, “para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra Gloriosa Cruzada”. El texto se iniciaba con la explicitación clara de los objetivos “La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra Historia y los episodios gloriosos de sus hijos”. Un decreto de finales de los años 50 continuaba reiterando cuál era el objetivo de la construcción: un “magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación30”.

En definitiva, desde 1940 se estuvo gestando un espacio arquitectónico fuertemente cargado de simbolismo, que tenía pretensiones de solución final como casa común de los héroes y mártires de la guerra31, con el objetivo último de representar la plasmación de los ideales de grandeza del nuevo régimen. El mismo acto protocolario en el que el caudillo del Nuevo Estado dio a conocer la decisión de la construcción del monumento es bien significativo. Francisco Franco convocó en Cuelgamuros al Gobierno, jefes y oficiales de los tres Ejércitos, jerarcas del Partido y de sus organizaciones y los embajadores de Alemania, Italia y Portugal.

En los medios de comunicación el proceso de construcción tuvo presencia destacada. La expresión Valle de los Caídos parece tener origen periodístico, pues no aparecía en el decreto fundacional del 1 de abril de 1940, ni en otros documentos de aquel mismo año ni del siguiente, pero sí la utilizó el periódico ABC de Sevilla del 4 de abril de 1940, así como La Vanguardia Española del 7 de mayo de 194232. Franco lo inauguró en la emblemática fecha del vigésimo aniversario de la victoria militar, el 1 de abril de 1959, en un acto protocolario con pretensiones de gran majestuosidad, reproducido en la prensa y en la programación del NO-DO.

Como se señalará a continuación, el Valle tiene distintas dimensiones que le otorgan su condición singular y que influyeron en su larga edificación. En este sentido, la construcción de la obra se alargó porque sufrió distintas modificaciones, como la ampliación de la cripta. En conjunto las nuevas dimensiones duplicaron las iniciales con el objetivo de lograr el aspecto colosal que deseaba Franco: el crucero y la nave alcanzaron los 262 metros de longitud y una altura máxima de 41 metros. Fue necesario ahondar el suelo y elevar la bóveda33.

Por otro lado, el retraso en la inauguración hasta 1959 también estuvo asociado a las dificultades que tuvieron las autoridades para exhumar el gran volumen de restos mortales de caídos que se pretendía. Dada la insuficiencia de cadáveres, el 23 de mayo de 1958, Camilo Alonso Vega, entonces ministro de la Gobernación y presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, remitió una carta a los Gobiernos Civiles solicitando que se recabara la colaboración de los “Alcaldes, Guardia Civil, Párrocos y Autoridades locales” en la tarea básica para la significación del monumento que está cerca de inaugurarse como era la recogida de restos mortales, ya que la formación de un inmenso osario de la Guerra Civil constituía la justificación central de la construcción del conjunto monumental. Así se especificaba que “se hace preciso adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a una de las finalidades perseguidas por la erección de dicho Monumento: la de dar en él sepultura a quienes fueron sacrificados por Dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del campo en que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica34”.

En la redacción de la carta se puede observar el distinto tratamiento de quienes se pretendía inhumar en Cuelgamuros, aunque la ampliación del espectro de las víctimas se pudiera ver favorecido por el intento de régimen de mejorar su imagen internacional. Así, tan solo un año antes, en el Decreto-Ley que creaba la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se reiteraba que el magno monumento se había erigido para “perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación, para honra de quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria y para ejemplo de las generaciones venideras35”. Pero el sentido cristiano que el monumento adquiría con la construcción de la Basílica, había aconsejado que “el sagrado deber de honrar a nuestros héroes y nuestros mártires ha de ir siempre acompañado del sentimiento de perdón que impone el mensaje evangélico”. Es decir, para el franquismo los cuerpos de los que allí ordenaba enterrar no lo estaban en virtud de la misma dignidad: unos respondían a la categoría de héroes y mártires; otros lo estarían por la concesión de la gracia del perdón de los vencedores.

La realidad, además, fue mucho más prosaica. Muchas de las familias de las que se presumía que aceptarían que sus allegados fueran enterrados en el Valle negaron la autorización para el traslado, de manera que las autoridades se vieron en la necesidad de exhumar restos de republicanos. Miles de ellos habían sido enterrados en fosas comunes cerca de las paredes de los cementerios, en descampados y cunetas. Así fue como, a partir de 1959, desde distintos pueblos y ciudades, miles de cadáveres fueron trasladados y depositados en los columbarios del Valle, mayoritariamente sin conocimiento de sus familias. Yacen los restos registrados de 33.847 personas, de los cuales aproximadamente 21.400 responden a víctimas identificadas y unos 12.400 a no identificadas. La afiliación de éstas ha devenido imposible hasta el presente por las malas condiciones en que se realizó el traslado, por la deficiente identificación en origen, en particular de las víctimas republicanas, y por los sucesivos derrumbes que han sufrido los columbarios citados. Se sabe por las intervenciones e informes técnicos realizados en 2004 y 2010 que parte de los columbarios están sometidos a un fuerte proceso de deterioro interno como consecuencia de las filtraciones, humedades y estrés térmico a que está sometida esta construcción. Se conoce asimismo que dicho proceso afecta a los propios columbarios, aunque de manera diferente según las criptas. Se conoce también que a lo largo de los años se han producido movimientos mal documentados de cajas y restos en los propios osarios, cuyo alcance precisa mayor investigación.

Así el Valle se convirtió en un gigantesco cementerio, cuya significación está relacionada con las dimensiones de la práctica conmemorativa, donde la propia gestión física de los cadáveres de caídos y mártires resultó un elemento central de la política de la memoria desarrollada por la dictadura, una política que incorporaba una lectura del pasado, del presente y del futuro36. De igual relevancia es tener presente que el conjunto monumental fue construido desde 1941, junto a personal contratado, por numerosos presos políticos bajo las normas del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. A pesar de no disponer de datos definitivos tanto sobre el número de trabajadores penados como de obreros libres que participaron en la construcción, se calcula que fueron 20.000 aproximadamente. En relación a los penados, distintos autores han destacado que muchos de ellos habían sido sentenciados a condena de muerte, una sentencia después conmutada por 30 años de prisión.

Aunque el componente funerario del conjunto monumental es fundamental, su relevancia como lugar de memoria de exaltación de la dictadura está asociada a otros componentes tanto o más significativos. El Conjunto Monumental tiene conexiones simbólicas e ideológicas con los discursos de los fascismos de la Europa de entreguerras y la versión española del nacionalcatolicismo. Así, en el conjunto se plasman los principios fundacionales de la dictadura: la exaltación del golpe militar de julio de 1936 y la concepción de la guerra civil como una cruzada, la celebración de la victoria franquista en la guerra y el recuerdo de sus muertos y la exaltación de la figura del dictador. 

El proyecto arquitectónico-artístico se concibió a escala monumental tanto en el exterior como en el interior: desde la imponente cruz en hormigón, la escalinata y la explanada, capaz de acoger hasta 200.000 personas en las concentraciones y celebraciones patrióticas, hasta la nave interior. Las grandes dimensiones de la Basílica se explican por la voluntad de lograr el aspecto colosal que deseaba Franco; fue necesario perforar la roca en condiciones extremas y durante mucho tiempo para darle la profundidad requerida37.

En el espacio más destacado del interior de la Basílica, se encontraban situadas las tumbas de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. Éste fue trasladado ya en 1959 y Franco tras su muerte en 1975. Los restos del Caudillo pudieron ser exhumados finalmente el 24 de octubre de 2019, tras un largo y tenso proceso. Actuar en ese sentido era fundamental, dado que su permanencia en Cuelgamuros se había convertido en el símbolo de la debilidad de las políticas memoriales públicas de la democracia española. El conjunto monumental de Cuelgamuros es patrimonio del Estado y la permanencia de Franco allí implicaba que el Estado democrático permitía que se continuara rindiendo homenaje a quien fue el máximo representante de la dictadura más larga y cruenta de la historia contemporánea española. En octubre de 2022 la familia de José Antonio Primo de Rivera solicitó exhumar sus restos.

No solo eran las tumbas de las figuras más destacadas de la dictadura franquista lo que vincula directamente la basílica al franquismo en el presente; como ejemplos del discurso que recorre el monumento en su interior se pueden destacar las ocho estatuas que representan por pares a los tres ejércitos y a las milicias voluntarias de las tropas sublevadas. Todavía mayor interés tiene el mosaico de la cúpula, donde se representa el Juicio Final, en el que además de grupos de mártires, aparecen en la parte civil, soldados del ejército franquista y “civiles sacrificados”. Entre las imágenes, destacan de forma ostensible cañones, soldados y las banderas de Falange y del Requeté, además de la utilizada por los Ejércitos en la zona sublevada. Así pues, la reproducción del mosaico de la bóveda fija quién formaba parte del “cortejo de los bienaventurados”, en el que no había espacio para quienes defendieron la legalidad vigente y se convirtieron en la España derrotada.

La impresión de magnificencia es todavía mayor en el espacio abierto. Preside el conjunto una inmensa cruz, de 150 metros de altura, visible a muchos kilómetros de distancia. Su denominación, Cruz de los Caídos, es una declaración de principios políticos y, en consecuencia, es la representación del triunfo del nacionalcatolicismo, no un elemento de religiosidad. Dado que el discurso religioso-político convirtió el asalto al poder en Cruzada, aquella cruz simboliza la lucha y la victoria de quienes se sublevaron utilizando el nombre de España.

La explanada gigantesca situada debajo de la cruz estaba diseñada para los actos de masas. Toda ella está presidida por símbolos vinculados al imperio. Los escudos del exterior, que aparecen en los brazos a derecha e izquierda son una recreación franquista, pues no existieron así ni en el siglo XIX ni en el XX hasta aquel momento, aunque como es bien sabido, el régimen franquista pretendió conectar con la España imperial y utilizó sus referentes.

En definitiva, se puede decir que no hay en España monumento franquista más cargado de simbolismo que el construido en Cuelgamuros. Desde su creación y hasta nuestros días aquel espacio monumental ha cumplido la función para la que fue creado. ABC, lo expresaba claramente en abril de 1940, Franco quiso como “todos los grandes conductores de pueblos que buscaron en la arquitectura el mudo y magnífico lenguaje de las piedras (..) decir a las generaciones del remoto futuro cuál fue su fuerza y cuál fue su gloria38”.  

Dado el carácter emblemático del Valle de los Caídos como espacio de homenaje al régimen franquista y sus valores, la Ley de Memoria Histórica de 200739prestó atención a su posible resignificación. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, en el Ministerio de Cultura se constituyó una Comisión Técnica de Expertos que elaboró un “Informe sobre el conjunto monumental de Cuelgamuros”, que en 2011 tuvo presente la nueva Comisión de Expertos que, por acuerdo del Consejo de Ministros, se formó en el Ministerio de la Presidencia para elaborar un informe específico sobre el futuro del Valle de los Caídos40.

El triunfo del Partido Popular en las elecciones de finales de 2011 supuso la paralización de la aplicación de la Ley, de manera que hasta que no se produjo un nuevo cambio de gobierno no se retomaron las políticas públicas en favor de políticas memoriales guiadas por los principios de verdad, justicia y reparación. En 2018, cuando el PSOE formó su gobierno, uno de los compromisos estrella fue exhumar los restos de Franco del Valle Caídos, en cumplimiento del mandato parlamentario de 11 de mayo de 2017. Como se ha dicho, las dificultades para conseguirlo fueron diversas, pero cuando se produjo en 2019 constituyó un hito histórico sumamente simbólico.

La exhumación de Franco, a pesar de constituir un hito importante, suponía solo una pieza de una intervención que debe ser amplia, si lo que se pretende es una resignificación integral, capaz de proporcionar la relectura completa del conjunto monumental. Distintas actuaciones podrían resultar esenciales. Pero, partiendo del principio de conservación monumental, si lo que se pretende es resignificar, lo que resulta decisivo es “explicar” sus características y contenido. El monumento fue erigido como exaltación de la sublevación militar franquista y perfila un relato que presenta la victoria de 1939 con voluntad de eternidad. Para que el Valle de los Caídos deje de ser el lugar de memoria de la dictadura que es en la actualidad, resultaría fundamental la construcción de un Centro de Interpretación que permita observar el conjunto monumental con otros ojos: no como lugar de homenaje, sino como testimonio de una época y de algunos de los valores de aquel régimen dictatorial.

El Centro de Interpretación debería ilustrar el origen del proyecto de construcción de todo el conjunto de edificios – Basílica, Cruz, explanada, Abadía y Hospedería-. En qué contexto socio-político se llevó a cabo esta construcción y quienes participaron en ella. En ese sentido es de gran relevancia la utilización de presos republicanos en las diferentes etapas de su ejecución. Aunque históricamente haya sido una práctica habitual de vencedores sobre vencidos, la carga simbólica del empleo de presos en la construcción del Valle de los Caídos es incuestionable: hombres que fueron encarcelados por defender la legalidad republicana ante un golpe de estado fueron obligados a participar en la construcción del mausoleo. Igualmente ilustrativa es la simbología que encierra el conjunto, vinculada toda ella a la victoria de Franco en la Guerra Civil y al nacionalcatolicismo. Pensado como lugar simbólico de la dictadura franquista, es esa voluntad la que da sentido a cada uno de sus elementos, ya sean blasones, esculturas o alegorías.

Las políticas públicas de memoria de la democracia no pueden ni deben sancionar qué es históricamente relevante, pero sí deben ajustarse a los principios de verdad, justicia y reparación.

La dictadura dejó una pesada herencia en el imaginario colectivo de la ciudadanía española. El conocimiento historiográfico acumulado en los últimos cuarenta años es ingente; sin embargo, las políticas desarrolladas por la dictadura franquista son desconocidas para la mayor parte de la población, más allá de unos cuantos elementos genéricos, cuya afirmación por otra parte están subordinados a las culturas políticas, a su vez influidas por los ejes discursivos que durante décadas difundió el mismo régimen. La larga duración de la dictadura facilitó que los orígenes del franquismo no fueran asumidos en su real significación por una parte de la sociedad. Ello ha permitido la persistencia de visiones acríticas hacia una de las dictaduras más sangrientas de la Europa contemporánea, visiones que marginan en la comunidad a las víctimas del franquismo y a aquella parte de la sociedad que comprometió su libertad, su seguridad personal y, a veces incluso, su vida en la lucha por la democracia. Un Estado democrático, instaurado después de una dictadura, no se puede permitir el olvido o la equidistancia, más cuando el pasado dictatorial ha pesado en la vida de una parte de la ciudadanía. Una democracia consolidada debe responder a la ética de la responsabilidad, pero también a la ética de la justicia. Se podría afirmar con Tony Judt que “para poder empezar a olvidar, una nación debe primero haber recordado”. Y, como él precisa, el instrumento del recuerdo no es la propia memoria. Es la historia, en sus dos sentidos: como paso del tiempo y, sobre todo, como estudio profesional del pasado41.

La historia debería proyectarse en la memoria. La función de la historiografía es comprender y explicar los hechos históricos, los cambios y las continuidades que explican las sociedades en el presente. Las sociedades son plurales y siempre coexistirán en su seno diversas memorias. Pero un estado democrático debe actuar a la luz de los valores democráticos. El proyecto memorial más importante de la dictadura franquista se plasmó en el Valle de los Caídos, y la resignificación democrática de las políticas franquistas de memoria puede tener en Cuelgamuros uno de sus espacios de actuación más importantes. Aunque sea con mucho retraso, se conectaría así la memoria democrática en España con la memoria europea, atenazada hoy también por distintos embates revisionistas.

No hay mañana sin ayer. Un reto de las políticas públicas de la memoria es convertir los referentes de las dictaduras, como el Valle de Cuelgamuros, en fuente de conocimiento, pero no de reconocimiento.